La trama en la que ha sido detenido el
exsecretario general del PP Madrid Francisco Granados, junto a otras 50
personas, firmó sólo en los dos últimos años adjudicaciones públicas por
valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales.
Estas actividades se desarrollaban al menos en ayuntamientos y comunidades autónomas de Madrid, Valencia, León y Murcia,
según ha informado la Fiscalía por medio de un comunicado. La operación
está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la
Audiencia Nacional, que dirige el magistrado
Eloy Velasco, y la Fiscalía
Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado. Las detenciones y los numerosos registros los está realizando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El comunicado emitido por la Fiscalía detalla "una trama de
corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y
autonomías en los que la connivencia de los ediles municipales y
funcionarios, con empresarios de sociedades constructoras, obras y
servicios energéticos, y el concierto venal con intermediarios y
sociedades instrumentales, les han estado asegurando a aquellos el éxito
en las adjudicaciones públicas, por un valor aproximado a 250 millones de euros,
tan solo en los dos últimos años, y como contrapartida el cobro de
comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y
Autonómicas".
La investigación se inició gracias a la cooperación internacional,
en enero de este año con la recepción de una comisión rogatoria de las
autoridades Suizas "por sospechas graves de blanqueo", que fue el origen
de una investigación de la Fiscalía Especial, liderando un trabajo
conjunto con la AEAT e IGAE y UCO de Guardia Civil, "quienes pudieron
presentar en un plazo breve una detallada querella ante la Audiencia
Nacional, que incoo diligencias en junio de este año".
En concreto a la trama se le imputan los delitos de Blanqueo
de Capitales, Falsificación de Documentos, Delitos Fiscales, Cohecho,
Tráfico de Influencias, Malversación de Caudales, Prevaricación ,
Revelación de Secretos, Negociaciones prohibidas a funcionarios, Fraudes
contra la Administración y Organización Criminal.
La macroperación desplegada este lunes tiene por objeto "la
detención de los sospechosos, la adopción de las medidas cautelares para
asegurar la recuperación de los productos y ganancias del delito y las
responsabilidades civiles derivadas de estos".
Además de los 51 detenidos en las citadas provincias, se han practicado 259 Mandamientos a Registros de la Propiedad con peticiones de anotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar o enajenar de las personas físicas y sociales investigadas en aras de iniciar las acciones de recuperación de activos. Además se han ordenado 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras acordando
los bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto
con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos.
Por ultimo se han dictado también 30 embargos preventivos de Vehículos de alta gama de los principales investigados.
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