El real decreto modifica el de 1987 sobre Títulos, Tratamientos y Honores de la Familia Real y de los Regentes. De esta forma, no recogerá el posible aforamiento de
Don Juan Carlos, un asunto en el que también trabaja el Gobierno.
Tras conocerse la abdicación del Rey, un portavoz del Palacio de la Zarzuela informó que este real decreto no regulará tampoco el papel que vayan a tener Don Juan Carlos y
Doña Sofía en el futuro. Será el nuevo Jefe del Estado quien fije esa hoja de ruta con las tareas, siempre de acuerdo con el Gobierno.
Estas mismas fuentes aseguraron que la lógica indica que estas funciones se podrán ir decidiendo en el día a día, igual que hasta ahora se aprueba un real decreto cada vez que el Príncipe acude a una toma de posesión de un presidente Iberoamericano.
El Gobierno planea dar al Rey Juan Carlos una protección jurídica máxima y única en España ante cualquier denuncia, querella o demanda que se pueda tramitar contra él cuando deje de ser jefe del Estado y pierda su inviolabilidad. Este aforamiento extraordinario obligará a que cualquier causa, civil o penal, contra Don Juan Carlos se instruya, y en su caso se enjuicie, en el Tribunal Supremo, según fuentes del Ejecutivo que cita EL PAÍS.
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