El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha enviado hoy a prisión
al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, al liquidador Ángel de
Cabo y a otros seis implicados en el vaciamiento de Marsans, a los que
ha impuesto fianzas históricas, que superan en conjunto los 112 millones
de euros.
La mayor fianza fijada hasta el momento en España para salir de
prisión, 50 millones de euros, ha sido para el empresario valenciano
Ángel de Cabo, actual dueño de Nueva Rumasa y Marsans y supuesto
cabecilla de la trama para ocultar bienes del grupo.
Díaz Ferrán y la mano derecha de De Cabo,
Iván Losada, tendrán que
abonar 30 millones de euros cada uno si quieren evitar la cárcel, la
misma cuantía que se fijó al empresario
Javier de la Rosa, en 1999, por
el caso Torras y que hasta ahora era la mayor fianza establecida en
España.
El resto de los enviados a la cárcel (su cuñado
Teodoro Garrido y los
otros tres testaferros) tendrán que pagar 500.000 euros, mientras que
la secretaria de De Cabo,
Susana Mora, ha reducido su fianza a 3.000
euros -abonados hoy mismo- gracias a su "colaboración".
Sólo uno de los detenidos el lunes ha salido en libertad:
Rafael
Tormo, que ejercía labores administrativas relacionadas sobre todo con
Hacienda.
Díaz Ferrán, Mora y Tormo han sido los únicos que han dado su versión
de los hechos al juez, puesto que los seis detenidos restantes se han
acogido a su derecho a no declarar.
El contenido del auto de prisión de Díaz Ferrán ha revelado algunas
de las claves del caso, entre ellas que el expresidente de la CEOE ha
venido recibiendo desde 2010 un pago de 100.000 euros mensuales de De
Cabo, que debían completar un total de 8 millones de euros, como
contraprestación por traspasarle el grupo Marsans y todos sus bienes
personales.
En concreto, apunta que el acuerdo implicaba traspasar "el grupo
empresarial y sus derechos, así como el patrimonio personal y familiar
de los primeros, al entramado de este último creando una aparente
insolvencia" del empresario, que se declaró en concurso de acreedores a
finales de 2010.
Pero mientras Díaz Ferrán cobraba los 100.000 euros mensuales
acudiendo "cada dos o tres semanas" a la sede valenciana del despacho de
abogados de De Cabo (Aszendia), su socio Gonzalo Pascual, ya fallecido,
"no habría recibido ningún pago de los estipulados hasta el momento de
su fallecimiento".
Estos pagos formarían parte de los 30 millones que el juez calcula
que se sacaron de Marsans y que beneficiaron directamente a Díaz Ferrán
en la "trama urdida" con Pascual y De Cabo para "maquinar operaciones
para, lucrándose, repartirse efectivo y patrimonios, detrayéndolos a sus
legítimos acreedores".
La "trama" de De Cabo utilizó un "elevado número de sociedades", con
las que estaba directa o indirectamente vinculado y a las que desviaba
"muchos de los bienes, derechos y fondos titulizados por el grupo
Marsans" para aparentar insolvencia.
En total, el juez imputa cinco delitos al expresidente de la CEOE:
alzamiento de bienes, insolvencia punible, estafa procesal concursal,
falsedad documental y blanqueo de capitales.
Díaz Ferrán -que será trasladado hoy a la prisión de Soto del Real-
ha negado ante el juez que tenga bienes en el extranjero -con la
excepción de un apartamento en Nueva York- o dinero en paraísos fiscales
y ha descargado las responsabilidad de la gestión de la empresa de
transporte por carretera Trapsa en su socio Pascual.
También ha asegurado que en los últimos meses tuvo que vender bienes
(lo que está prohibido en el marco de su concurso de acreedores como
persona física) porque afrontaba una situación económica insostenible.
Por otra parte, Díaz Ferrán ha comparecido hoy como imputado ante el
titular del juzgado número 9 de Madrid por la concesión supuestamente
fraudulenta de un crédito de 26,6 millones de euros por parte de Caja
Madrid a Air Comet, entonces propiedad del empresario.
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