La bronca está servida.
La delegada del Gobierno en Madrid,
Cristina Cifuentes, se ha acogido a la
letra impresa de la Ley Orgánica 9/1983 de 15, de Julio, reguladora del Derecho
de Reunión para dar 'barra libre' a los 600 antidisturbios que este martes
están blindando el Congreso de los Diputados; 'barra libre' de porras, porque
la Delegación considera que los convocantes de la manifestación frente al
Congreso de este martes, es decir, la Coordinadora del 25-S, no se lo han
'comunicado' oficialmente, y que la ley es taxativa al respecto y no valen las
convocatorias en rueda de prensa y en redes sociales.
Efectivamente, la Ley
Orgánica 9/1983 de 15 de Julio, establece en su Artículo 3. 1. que "ninguna
reunión estará sometida al régimen de previa autorización", pero en su
Artículo 8 establece que "la celebración de reuniones en lugares de
tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas por escrito a la
autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de
aquéllas, con una antelación de diez días naturales, como mínimo y treinta como
máximo. Si se tratare de personas jurídicas la comunicación deberá hacerse por
su representante".
Y en el Artículo 9 (artículo
modificado por
José María Aznar a través de la Ley 9/1999,de 21 de abril) se establece,
además, que en el escrito de comunicación se hará constar: nombre, apellidos,
domicilio y documento oficial de identificación del organizador u organizadores
o de su representante, caso de personas jurídicas, consignando también la
denominación, naturaleza y domicilio de éstas; lugar, fecha, hora y duración
prevista; objeto de la misma; itinerario proyectado, cuando se prevea la circulación
por las vías públicas, y medidas de seguridad previstas por los organizadores o
que se soliciten de la autoridad gubernativa.
Dado que la vez anterior
la Delegación del Gobierno multó con 6.000 euros al 'comunicante' de la
manifestación, en este caso la Coordinadora 25-S ha optado por prescindir
olímpicamente de Cristina Cifuentes y convocar a través de las redes sociales.
Así no hay responsables para pagar 'seguras' multas -el Gobierno de Rajoy ha
ordenado máxima dureza contra las manifestaciones y manifestantes-, pero tiene
la contrapartida de que la Delegación del Gobierno considera ilegal la manifestación
y da 'barra libre' a los antidisturbios para el uso de sus porras.
Las UIP's, movilizadas... contra catalanes y castellanoleoneses en 'activo' en Madrid
El Ministerio del
Interior ha facilitado a Cristina Cifuentes todo el material posible para cortar
de raíz y en todo caso frenar las nuevas manifestaciones convocadas para este
martes y el sábado. Previamente, la labor de infiltración policial ha dado
resultados: los servicios de información han comunicado que para la
concentración de este martes en el Congreso apenas se esperan unos 5.000 manifestantes,
razón por la que Interior 'sólo' ha movilizado a 600 antidisturbios, es decir,
que 'tocan' a 8,3 manifestantes por policía, amén de los infiltrados en las
filas del 'enemigo'.
Los servicios de
información, sin embargo, sí han alertado de que el 'gran día' será el próximo
sábado 27 de octubre, día en el que acudirán a la convocatoria 'efectivos' de
Cataluña, Asturias y Castilla y León, sobre todo. De Barcelona, según ha sabido
Diariocrítico de fuentes policiales, vendrán los que impidieron en su día la
entrada al Parlament de los diputados autonómicos, y de Castilla y León las
'huestes' lideradas por
Doris Benegas, hermana del dirigente socialista José
María 'Txiqui' Benegas, que actúa además como abogada de los detenidos del
movimiento 25-S.
Para este sábado, la
Delegación del Gobierno contará con una fuerza policial considerable: 1.500
antidisturbios venidos de toda España, además de los policías habituales de
Madrid, tanto nacionales como municipales.
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La coordinadora 25-S denuncia en Diariocrítico la intoxicación policial