Los policías insisten: la Fiscalía se niega a investigar la supuesta corrupción en CiU

La Comisión Ejecutiva Nacional del SUP ha confirmado este martes, a través de un esclarecedor comunicado, que el pasado 29 de octubre, lunes, tuvo lugar en la Fiscalía de Barcelona una reunión en la que participaron los fiscales Emilio Sánchez Ullet y Bermejo y dos comisarios principales del Cuerpo Nacional de Policía: José Luis Olivera, jefe del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado- (CICO) y Marcelino Martín Blas-Aranda, jefe de la Unidad de Asuntos Internos.

Según la Ejecutiva Nacional del SUP, los dos comisarios principales mostraron a los fiscales un 'folio en blanco' (es decir, sin membrete y sin fechar ni firmar), con un esquema de actuación para registrar la sede de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), el partido de Artur Mas, y de algunas personas responsables de la Fundación "Trias Fargas".

Pero este plan de registros fue denegado por los fiscales, que según un documento anónimo remitido al SUP y publicitado el pasado viernes por este sindicato, los fiscales Sánchez Ulled y Bermejo contestaron a los comisarios que no estaba el juez por la labor de seguir y que "había que motivar muy mucho esas peticiones" y que "en época de precampaña lo veían poco factible".
Si el plan hubiera sido aceptado, ese borrador 'en blanco' de actuación policial en la sede de CDC y en determinados domicilios particulares, hubiera vuelto horas o días después a la Fiscalía con lo campos rellenados (membrete, fecha, registro, etc...) y convertido en un documento oficial. En todo caso, según el SUP, ese documento 'en blanco' ya consta en el sumario del 'caso Palau'.

Así es la mecánica de los informes policiales

Para el SUP, este caso explica claramente cómo es la mecánica policial: hacer borradores de trabajo o diligencia-informe, y si el juez, el fiscal o los mandos policiales lo autorizan se convierten en documento oficial con su registro, y en caso contrario son descartados.

Así las cosas, la decisión del juez 'caso Palau' de devolver el "informe fantasma" sobre supuestas corrupciones de Artur Mas, Jordi Pujol y otros a la Comisaría General de Policía Judicial (UDEF), permitirá elaborar una diligencia Informe oficial con esos y otros datos de que dispone la policía y ponerla de nuevo sobre la mesa del juez instructor para reactivar la investigación. Y eso es así porque, según la nota oficial de la Dirección General de la Policía, el 'informe fantasma' "contiene indicios y datos ya puestos en conocimiento del juez y el fiscal en otros informes anteriores".

¿Habrá ceses policiales a partir de ahora?

Otra cuestión, sin embargo, es que los comisarios principales que estuvieron el día 29 de octubre con los fiscales anticorrupción lo hicieran sin autorización de sus superiores. En ese caso, ¿recibirán el mismo trato que el comisario Agapito Hermes, que fue cesado por un acto similar cuando investigaba el ático de Marbella alquilado por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González?

Según el SUP, si el director general de la Policía no conocía esa entrevista del 29 de octubre con los fiscales anticorrupción, el jefe de Asuntos Internos, y su jefe, el DAO (nombrado por Moncloa) "deberían ser cesados por el bien de la Policía y la legalidad. Y si el director general de la Policía la conocía es él quien debería ser cesado. Están jugando con la Policía como si fueran empleados de su cortijo".

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