Se delinea un 'frente contra la corrupción política'... ¿del pasado?

Diputados en el Congreso, asistentes a la reunión de la comisión constitucional ante la que Ramón Álvarez de Miranda, presidente del Tribunal de Cuentas, hizo anoche unas revelaciones que, en el fondo, no lo eran tanto, dijeron a quien suscribe que probablemente se esté abriendo en España un 'macroproceso moral' contra la corrupción política. Una corrupción que, insisten, es cosa más del pasado que de un presente en el que no se podrían repetir ni casos como Filesa, ni Gürtel -cinco años ya lleva de instrucción--, ni Bárcenas, ni ERE...O sí. Pero lo cierto es que ahora los focos se han puesto de manera adecuada e insistente sobre la financiación de los partidos, la excesiva 'libertad' de los tesoreros de las formaciones políticas y la impunidad en la que han vivido unas conductas delictivas que no encuentran excesiva severidad en el Código Penal ni hasta ahora, en el código moral de la ciudadanía.

Y, así, el Tribunal de Cuentas, que siempre actuó con retraso -cinco años de demora--, clamó reiteradamente en el desierto acerca de las extrañas maneras como los partidos españoles se financiaban: donaciones anónimas y aportaciones de los ayuntamientos -obviamente, procedentes de recalificaciones y otros excesos urbanísticos--. Sin que, naturalmente, nadie quisiera oír estos informes de un Tribunal sin atribuciones ejecutivas y designado de manera poco independiente. La financiación de los partidos nació de manera irregular, porque había que financiar muchas campañas, a muchos funcionarios, engrosar sueldos demasiado escasos de quienes, en principio, se dedicaban al servicio público, y acabaron, ante la falta generalizada de vigilancia, cuando no por la complicidad de los jefes máximos de los 'aparatos' partidarios, afanándose en el beneficio de sus propios bolsillos.

En este sentido, las últimas horas han sido muy reveladoras: las comparecencias parlamentarias del indudablemente idóneo fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, y del sin duda adecuado presidente del Tribunal de Cuentas, Alvarez de Miranda, se han sumado al espectáculo dado ante un tribunal por un juez que en teoría defiende la depuración de la justicia, el procesado por presunta prevaricación Elpidio José Silva, que convirtió su propio juicio en una charlotada de presunta denuncia de la falta de esta  justicia en España.

Ciertamente, hay que convenir en que existe una sensación generalizada de que la justicia española no es igual para todos. Pero la actitud del juez Silva, lanzado a su propia campaña para lograr un escaño en el Parlamento europeo, contribuye poco a la mejora de esa justicia de la que se burló precisamente en sede judicial este miércoles.

Pero todo apunta a un consenso generalizado, en el propio marco político, en el judicial y en el social, en pro del fin de las conductas delictivas, irregulares o antiéticas en el manejo de la vida pública. Por primera vez, el Gobierno de Mariano Rajoy, que tanto hizo la vista gorda en el pasado, parece decidido a cortar todo tipo de abusos y vacíos legales, y en ello debe, y probablemente así será, sentirse secundado por el principal partido de la oposición y por otras formaciones con representación parlamentaria. No es la primera vez que un consenso de estas características se delinea en el horizonte para luego diluirse en la falta de medidas concretas. ¿Será esta una nueva ocasión perdida?

- Alarmante llamamiento del Fiscal del Estado sobre la corrupción política