El PP, que no inicia acciones contra Bárcenas, se querella contra Izquierda Unida

Tal y como había anunciado días antes, Izquierda Unida llevó el denominado 'caso Bárcenas' a la Audiencia Nacional, y lo hizo a través de una querella criminal elaborada por esta formación y por la Asociación Justicia y Sociedad, la Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción y la Federación de los Verdes.

La querella fue presentada en la Audiencia a última hora del jueves, 28 de febrero, por el coordinador federal, Cayo Lara, el abogado y secretario ejecutivo de Convergencia Político-Social de IU, Enrique Santiago, y los letrados de las asociaciones mencionadas, y va dirigida contra los ex tesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, además de los que fueron responsables de Organización, Finanzas y asesoría legal de esta formación Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Federico Trillo. Los querellantes piden que se investiguen las supuestas donaciones irregulares recibidas por el PP provenientes de distintos empresarios y el presunto pago de cantidades también irregulares a determinados miembros del mismo entre los años 2003 y 2008, según consta en lo supuestos papeles de Bárcenas publicados por un diario madrileño.

La nómina de querellados se completa con los altos directivos de ocho empresas que, según esos papeles, habrían realizado presuntamente esos pagos, además del ex secretario de Organización del PP de Galicia, Pablo Crespo, así como contra 'Adolfo Sánchez', identidad que podría responder a un nombre codificado o un alias. Todos ellos aparecen reflejados en los papeles de la contabilidad 'B' atribuidos a Bárcenas, que reflejan las presuntas donaciones y pagos irregulares que afectan al PP.

Asociación ilícita, blanqueo de capitales...

La querella criminal presentada por IU detalla la "probable y posible comisión" de los delitos de asociación ilícita, alteración de precios de concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la Hacienda pública, fraude y exacciones ilegales, encubrimiento, falsedad y apropiación indebida de fondos electorales.

Entre otras diligencias, piden llamar a declarar como testigos al presidente del Senado, Pío García Escudero; a Santiago Abascal, miembro de las Juntas Generales de Álava en representación del PP; al ex consejero de Salud de Navarra Calixto Ayesa; al ex diputado popular Jaime Ignacio del Burgo; al diputado del PP Eugenio Nasarre, y al ex presidente de Baleares, Jaume Matas.

Asimismo, se solicita que la Tesorería General de la Seguridad Social aporte la vida laboral e historia de bases de cotizaciones de Luis Bárcenas entre los años 2009 y 2013; que el Tribunal de Cuentas envíe "copia auténtica" de las cuentas presentadas e ingresos declarados por el PP entre 1990 y 2009; así como que se requiera "urgentemente" a la Fiscalía Anticorrupción "la integridad de los documentos y diligencias que haya practicado en su procedimiento".

De esta forma, Izquierda Unida insta a judicializar las diligencias informativas abiertas por la Fiscalía ante el riesgo de que los delitos prescriban. "El esfuerzo realizado por el Ministerio Fiscal investigando los hechos denunciados habría sido estéril, apenas un placebo de orden político para atemperar la indignación social", agrega.

La política de matar al denunciante

En respuesta a esa querella en la Audiencia Nacional, resulta curioso que el PP reaccione anunciando la interposición inmediata de una querella por injurias y calumnias contra Izquierda Unida, porque dicen que IU les imputa la comisión de graves delitos al PP y a ex dirigentes del partido. Lo curioso es eso, precisamente: que lo que IU hace es denunciar unos supuestos hechos a la justicia para que la justicia los investigue, mientras que el PP, en vez de iniciar legales contra Bárcenas se querella contra los que exigen investigación judicial. Sin duda, un país de locura colectiva.

El PP dice querellarse porque entre los fundamentos jurídicos de la querella presentada por Izquierda Unida se afirma lo siguiente:

- "... Todo apunta a que estaríamos ante una práctica sistemática, organizada y coordinada, incrustada desde hace años en el núcleo de la más alta dirección del Partido Popular convirtiendo a dicho partido político en un instrumento y en una estructura de vocación delictiva que, además, por su control mediato de los distintos resortes del poder del Estado, permitiría asegurar a los responsables de dichas actividades delictivas altos niveles de impunidad" (página 80).

- "... Podríamos estar ante una estructura permanente de carácter delictivo organizada desde y en el seno del Partido Popular. Es decir, ante una asociación ilícita o grupo delictivo organizado, que desde la estructura de dicha organización política y bajo su cobertura habría estado cometiendo las actividades delictivas que integran los títulos de imputación de la presente querella, con la finalidad de satisfacer la voluntad de donantes-sobornadores y simultáneamente enriqueciendo a los miembros integrantes de la asociación ilícita, así como alegando "recursos extra" para financiar ilegalmente al propio Partido Popular" (página 82).

Por ello, el Partido Popular, "ante las graves calumnias e injurias vertidas en la querella de Izquierda Unida y los demás firmantes, en defensa de su honor, el de sus dirigentes y el de sus militantes, presentará la correspondiente querella contra los firmantes de esa acción judicial".