El Gobierno 'indulta' a Corinna y desmiente que haya trabajado para el Estado

Ésta es la respuesta que da a sendas preguntas registradas en el Congreso por los diputados de Izquierda Unida (IU) José Luis Centella y Alberto Garzón el pasado 20 de marzo, justo después de la comparecencia a puerta cerrada del director del CNI, general Félix Sanz Roldán, ante la comisión de secretos oficiales de la Cámara Baja, donde consideran que quedaron muchos asuntos sin resolver.   

De ahí que pidieran conocer si el Gobierno tenía previsto iniciar acciones judiciales contra Corinna por afirmar que ha realizado trabajos "gratis" para nuestro país en asuntos "clasificados, delicados y confidenciales, toda vez que esta afirmación ha sido desmentida".
  
A este respecto, el Ejecutivo se reafirma en su posición y "desmiente las informaciones inveraces que le afectan" en relación con que la princesa Corinna hubiera realizado algún trabajo por encargo del Gobierno.

A la justicia se va por el interés general 

Y, a renglón seguido, rechaza querellarse contra la amiga del Jefe del Estado alegando que "interponer acciones judiciales supone utilizar los medios jurídicos del Estado, algo que el Gobierno sólo hace en favor del interés general y, en ningún caso, para realizar desmentidos".
  
Frente a esta respuesta, el coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha vuelto a acusar al Gobierno de seguir en su empeño de "proteger a la Casa Real" lo que, a su juicio, dice "muy poco" del Gabinete de Mariano Rajoy.
  
Por eso, se ha quejado de que, mientras desde el Ejecutivo, se defiende la inclusión de la Jefatura del Estado en la Ley de Transparencia a la hora de la verdad no actúa en consecuencia. "Parece que no sólo hemos topado con la Iglesia, sino también con la Jefatura del Estado", ha comentado.
  
También Centella ha subrayado que la actitud del Ejecutivo supone "una clara dejación de sus responsabilidades" porque, a su juicio, "consentir que alguien, por muy amiga del Rey que sea, declare supuestamente de forma falsa que trabaja para el Estado español, que lo hace de forma confidencial y en asuntos clasificados, supone una usurpación de tareas propias del Gobierno, con lo que el solo desmentido no basta".
  
De hecho, el portavoz parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y diputado de IU por Sevilla ha insistido en que el desmentido debería acompañarse de las correspondientes actuaciones judiciales "para clarificar la responsabilidad de quien se arroga la representación del Estado".
  
"Esta negativa del Gobierno a utilizar los medios jurídicos del Estado supone que éste reconozca que no quiere entrar en un asunto que puede poner en cuestión entramados donde los privado y lo público se han podido mezclar", ha apuntado Centella, para quien resulta "evidente" que aclarar el papel que Corinna ha jugado "en ciertas negociaciones tiene que ver con el interés general y con una transparencia imprescindible para conocer quién puede actuar en nombre del Estado".
  
Sin embargo, ha lamentado que la "escueta" contestación del Gobierno, de apenas tres líneas y en las que ni siquiera cita el nombre de quien es objeto de la pregunta, "evidencia el camino elegido por el Gobierno de mantener zonas oscuras en torno a la Casa del Rey y las relaciones del propio Ejecutivo".

No es de recibo

"No es de recibo que desde Moncloa nos respondan que no ha existido ninguna relación con la señora Corinna y, al mismo tiempo, miembros de ese mismo Ejecutivo reconozcan que se han reunido en varias ocasiones con ella. Si quieren seguir hablando de transparencia, aquí tienen un buen tema por el que empezar", ha concluido.
  
Ésta no es la primera vez, según IU, el Ejecutivo "elude" explicar cuestiones relacionadas con Corinna y recuerda que a principios de este mes envió varias respuestas a su diputado por Valencia, Ricardo Sixto, en las que negaba que la princesa alemana hubiera utilizado medios del Estado, como así se le preguntaba. "Respecto al uso de medios del Estado como vehículos u otros medios, éstos se asignan a las autoridades y altos cargos establecidos en la normativa reguladora correspondiente en función de sus responsabilidades oficiales", dijo entonces el Gobierno.
  
Una respuesta más genérica ofreció cuando el parlamentario de la federación de izquierdas le interrogó sobre si la amiga de don Juan Carlos había hecho uso de alguno de los alojamientos situados dentro del recinto de El Pardo, cuyo mantenimiento y gastos corren a cargo del erario público".
  
"La Ley 23/1982, de 16 de junio, de Patrimonio Nacional, define e identifica los bienes integrantes del mismo como los afectados al uso y servicio de la Jefatura del Estado. El Consejo de Administración de Patrimonio Nacional tiene legalmente encomendada la conservación, mantenimiento, mejora, administración y seguridad de todos estos bienes", fue la contestación del Ejecutivo del PP.

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