El 'préstamo' de parlamentarios para formar grupo puede ser un 'fraude de ley'

El pasado martes, el PNV se registró como grupo parlamentario en el Senado con la ayuda del PSOE, que le prestó cinco senadores para que alcanzara la cifra de diez que exige el Reglamento de la Cámara. Es una práctica que viene siendo habitual, tanto en el Congreso como en el Senado, pero sobre la que existe una sentencia del Tribunal Constitucional, la 64/2002, la cual parece que nadie hace caso. O lo que es peor, que se utiliza políticamente según y conviene a unos o a otros.

Esa sentencia es tan importante como que podría impedir que el partido de Rosa Díez, UPyD, que no cumple los requisitos del 5 % de votos a nivel nacional pero que podría contar con el diputado de Foro Asturias para formar grupo, forme Grupo Parlamentario. Y se podría utilizar igualmente para que Amaiur, que tampoco cumple los requisitos establecidos por el Reglamento, no pueda formar el suyo propio.

El antecedente del BNG en el año 2000

La sentencia 64/2002 del TC fue el resultado de un recurso de amparo promovido por los tres diputados del BNG Francisco Rodríguez, Carlos Ignacio Aymerich y Guillerme Vázquez. Dado que el BNG no consiguió en las elecciones del año 2000 los 5 diputados necesarios para formar grupo parlamentario en el Congreso, pactaron que los apoyaran los diputados Josu Erkoreka, del PNV, y Jordi Martí i Galbis, de Convergencia i Unió. Así había 5 diputados para constituir el Grupo Parlamentario Galego (BNG), designando como Portavoz titular a Francisco Rodríguez y como adjunto a Guillerme Vázquez. Después de constituido el Grupo, Erkoreka y Martí pasarían a sus respectivos grupos.

Pero en aquel momento -abril de 2000-, la Mesa, en la que el PP contaba con mayoría absoluta -5 puestos frente a 4 de la oposición, la misma proporción que en la actualidad- adoptó el 12 de abril de 2000 por cinco votos a favor y cuatro en contra, el Acuerdo de denegar la constitución del Grupo Parlamentario que se pretendía, con base a la siguiente motivación:

"... Considerando que resulta de aplicación el párrafo segundo del apartado uno del artículo 23 del Reglamento y, en concreto, la regla conforme a la cual pueden formar Grupo Parlamentario los Diputados de una o varias formaciones políticas que, aún sin reunir el mínimo de quince Diputados, hubieran obtenido un número de escaños no inferior a cinco y, al menos, el quince por ciento de los votos correspondientes a las circunscripciones en que hubieran presentado candidatura; considerando que, conforme a la expresión literal del citado precepto, además de haber obtenido un mínimo de cinco escaños, las formaciones políticas a las que pertenecen los Diputados que pretenden formar Grupo Parlamentario deben cumplir la condición de haber obtenido el quince por ciento de los votos correspondientes a las circunscripciones en que hubieran presentado candidatura; considerando que, en el presente caso, se cumple la primera condición citada, pero no así la segunda, condición que sólo reúne el Bloque Nacionalista Galego en las circunscripciones en que ha presentado candidatura, no siendo posible verificar su cumplimiento respecto de las otras dos formaciones políticas en presencia..." se les denegaba el Grupo.

El BNG invocó como vulnerados los derechos fundamentales reconocidos en los arts. 14 y 23.1 y 2 de la Constitución Española, pero la Mesa insistió en su denegación por los mismos argumentos antes expuestos:

"... La condición aludida sólo la reúne el Bloque Nacionalista Galego en las circunscripciones en las que ha presentado candidatura, al no poderse computar el porcentaje de los votos obtenidos por las formaciones a las que pertenecen el Sr. Erkoreka Gervasio y el Sr. Martí i Galbis, esto es, el Partido Nacionalista Vasco y Convergencia y Unió, respectivamente, porcentaje que ha sido ya utilizado para la constitución de los respectivos Grupos o, dicho en otros términos, al no ser posible invocar la obtención de un mismo porcentaje para la constitución de Grupos diferentes".

El Constitucional dio la razón a la Mesa del Congreso

Ante ese cierre de filas del PP de José María Aznar, el BNG recurrió al Tribunal Constitucional en una demanda de amparo, la cual fue resuelta dos años después, el 11 de marzo de 2002, denegando el amparo solicitado. Señalaba el Constitucional:

"... La Mesa de la Cámara, a la vista de los Acuerdos impugnados y de las actas de las sesiones en las que fueron adoptados, ha cumplido con la exigencia de motivar la aplicación que ha efectuado de las normas, en este caso, del Reglamento parlamentario, que han supuesto una limitación al ejercicio de aquellos derechos o facultades que integran el estatuto constitucionalmente relevante de los representantes políticos".

Frente al aserto de que la elección de los ciudadanos recae sobre personas determinadas y no sobre los partidos o asociaciones que las proponen como candidatos al electorado "no puede deducirse, como pretenden los demandantes de amparo, que en un sistema de listas cerradas y bloqueadas, como el que rige en las elecciones al Congreso de los Diputados, los votos son recibidos por los candidatos y deben imputárseles individualmente a éstos".

Añadía que "la interpretación que la Mesa del Congreso de los Diputados ha efectuado de la regla establecida en el inciso segundo del art. 23.1 RCD no sólo no es arbitraria, como sostienen los demandantes de amparo, sino que está provista de razonabilidad y encuentra cobertura en y se cohonesta con las previsiones reglamentarias que regulan la constitución de los Grupos Parlamentarios en la Cámara, por lo que los Acuerdos adoptados en aplicación de la referida interpretación, que denegaron la constitución del Grupo Parlamentario Galego (BNG), no pueden estimarse lesivos del derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos y funciones públicos (art. 23.2)".

Y finalizaba, respecto a una supuesta lesión del principio de igualdad (art. 14 CE) que los recurrentes no acreditaron "la razonable sospecha de haber existido una supuesta discriminación y de que ésta se funde en alguno de los criterios proscritos por el art. 14 CE, por lo que debe ser desestimada, con base en la argumentación de la que se ha dejado constancia en el precedentes fundamentos jurídicos, la denunciada infracción del art. 14 CE".



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