Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se han
mostrado este martes satisfechas con los avances realizados por el
Ministerio de Educación en relación con el nuevo borrador de la Ley de
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y han instado a los gobiernos
regionales con "reticencias" a trabajar en busca de un consenso para la
convocatoria del próximo día 19 de diciembre, que algunos consejeros del
PP consideran una prórroga del ministro José Ignacio Wert.
En declaraciones a los medios de comunicación a la salida de la
Conferencia Sectorial de Educación celebrada en la sede del Ministerio,
el consejero de Educación de Castilla y León,
Juan José Mateos, ha dicho
estar "satisfecho" porque en el nuevo texto hay "muchas de las cosas"
que desde su Comunidad se viene haciendo, "como la libertad de elección
de centros por las propias familias". La mayoría de las autonomías
'populares' han aplaudido que Wert haya incluido sus propuestas en el
texto.
Sobre la celebración de una nueva reunión el próximo día 19, el
consejero castellanoleonés ha reconocido que hay autonomías con las que
Wert tiene "problemas" y ha instado al ministro a que "siga intentando
el diálogo" con ellas.
En este sentido, el consejero castellano-manchego,
Marcial Marín,
se ha mostrado "muy satisfecho" con la reunión porque "se han tenido en
cuenta muchas de las aportaciones". "Nos rebelamos a quedarnos igual que
estamos, tenemos que esforzarnos para llegar el máximo consenso el día
19. Aquellas autonomías que tienen reticencias deben esforzarse para
llegar a ese consenso, aunque tal y como está hoy la ley, nosotros
estamos satisfechos", ha insistido.
La consejera de Madrid,
Lucía Figar, ha considerado que "el texto
es mejor que el que había en septiembre" porque "incorpora mejoras
sustantivas, apuesta por la evaluación, por la autonomía de centros y el
refuerzo de las materias instrumentales". Sin embargo, Figar considera
que "hay margen para defender mejor la libertad de elección" ya que el
Gobierno regional madrileño ha reclamado que se recoja como unos de los
principios de la nueva ley.
Asimismo, la consejera de Educación de Aragón,
María Dolores
Serrat, ha destacado que lo que se ha hecho es "mejorar sustancialmente"
ya que "se notan las aportaciones" que se han hecho por parte de las
comunidades autónomas y el sector educativo.
Además, Serrat ha celebrado que se haya "clarificado el papel de
las pruebas de evaluación externas"; que se haya "avanzado en el
establecimiento de pasarelas y la eliminación de vías muertas y que se
"haya mejorado la flexibilización de los currículums respetando la
autonomía de los centros".
Reproches a al consejera catalanaAunque los consejeros de Educación del PP han evitado referirse de
forma explícita a la salida anticipada de la reunión de la consejera
catalana,
Irene Rigau, su homóloga en Extremadura sí ha afirmado que
"todas las posturas son respetables", pero que "marcharse no es el
camino justo". "A veces el diálogo no tiene que ser imposición de
ninguna postura como punto de partida", ha remachado.
En esta línea, el consejero de Baleares,
Rafael Bosch, ha afirmado
que "lo que merece la pena es discutir" cuestiones como las
disposiciones adicionales que ha presentado el ministro, porque en
opinión del consejero, "abren unas vías de acercamiento de posturas
respecto a las posiciones iniciales", en alusión a Cataluña. Bosch, en
cuya Comunidad el catalán es lengua cooficial, ha adelantado que el
próximo día 19 aportará "algunos matices a las disposiciones que hacen
referencia a las lenguas oficiales".
En su opinión, "toda la enseñanza en Baleares debe regularse con
un marco lingüístico común, que permita la enseñanza de las dos lenguas
en condiciones de igualdad", aunque se ha mostrado contrario a
"focalizar la opinión sobre la ley orgánica en cuestiones sólo
lingüísticas".
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