Así es, la convocatoria de la consulta, condición 'sine qua non' para que Esquerra siga apoyando su Govern al frente de Cataluña, debería llegar entre hoy jueves y mañana viernes, porque a
Artur Mas se le acaba el tiempo. Por un lado, crecen las presiones para que el president lance su órdago a todo
el Estado español, pero también las que le piden que se ciña a la ley, como la del ministro del Interior,
Jorge Fernández Díaz, quien dijo que confía en que el president de la Generalitat finalmente cumplirá la legalidad.
Algunos periodistas han comenzado a presionar a Mas señalándole como conocedor e incluso colaborador de Pujol en su fraude. Es lo que publicó por ejemplo Raúl del Pozo en 'El Mundo', quien sin tapujos acusaba directamente a Mas de ser cómplice de los Pujol en sus negocios suizos, una actividad económica que supone en total más de 2.000 millones.
Ayer, Mas, preguntado ante una nube de periodistas si la firma del decreto se producirá esta semana, aseguró que sí, y en una pregunta más concreta de si se producirá antes del fin de semana Mas contestó con un escueto: "Será, será".
Según el diario 'La Razón', una de las razones por las que Mas habría retrasado la convocatoria de la consulta ha sido por las divergencias entre el consejero de Presidencia,
Francesc Homs, y el consejero de Justicia,
Germà Gordó, a cuenta de los centros de votación, los funcionarios que van a participar y el censo.
Por su parte, 'El Periódico' destaca que Mas aseguró el miércoles al líder de ERC,
Oriol Junqueras, que "hasta donde él pudiera" seguiría adelante con la consulta y que no iba a resignarse a dar por muerto el proceso cuando el Constitucional acuerde su suspensión.
Gobierno y PSOE coincidieron ayer en el Congreso en mostrar su rechazo a
la consulta soberanista pero discreparon sobre la reforma
constitucional que proponen los socialistas. En la sesión de control al
Gobierno, el portavoz del PSOE,
Antonio Hernando, aseguró que su partido
considera que el referéndum "no es constitucional" y mostró su apoyo a
los recursos que pueda interponer el Gobierno ante el Tribunal
Constitucional.
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