Los jueces progresistas denuncian: Rajoy indulta a corruptos políticos y policiales

Son gravísimas acusaciones del Secretariado de JpD, que apoya las declaraciones del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en el sentido de que confirman "las numerosas dificultades que surgen en la investigación de estos procedimientos, lo cual contrasta con la circunstancia de, que cuando se producen condenas, acaben quedando en papel mojado por la aplicación de dichas medidas de gracia" del Gobierno de Mariano Rajoy.

La dura nota de JpD ha sido emitida ante el indulto de cuatro mossos d'esquadra que habían sido condenados por torturas. Contra los agentes habían sido dictadas inicialmente penas de hasta cuatro años y seis meses de prisión, pero el Consejo de Ministros decidió en febrero pasado la reducción a dos años de cárcel, con la expectativa de que los policías no entrasen en prisión. Sin embargo, la Audiencia de Barcelona ordenó el ingreso en prisión por razones de "prevención general y especial, de peligrosidad criminal, de repulsa y de alarma social".

Y, en fin, ante esta situación, el Gobierno de Rajoy ha decretado ahora un segundo indulto en el que conmuta las condenas de prisión por penas de multa, a pesar de la opinión de la Audiencia de Barcelona de que "un segundo indulto supondría fraude de ley o abuso de derecho".

Así las cosas, JpD pone el dedo y acusa: "En un Estado de Derecho no resulta admisible que el Poder Ejecutivo pueda revisar de forma arbitraria las resoluciones judiciales. Además, todavía resulta más censurable que el indulto se aplique a conductas que representan un uso inaceptable del poder del propio Estado, cuando se dedica a través de sus agentes a infligir un trato degradante, como en el caso de las torturas".

El Gobierno parece buscar la impunidad policial

Hilando con la posición manifestada por el SUP y reproducida el miércoles en Diariocrítico, los jueces progresistas añaden que "con este tipo de medidas se suscita la perplejidad de la ciudadanía, que observa cómo delitos especialmente rechazables pueden obtener una impunidad poco comprensible. Del mismo modo, este tipo de indultos puede provocar en los agentes la sensación de que cometer estos delitos no va a tener consecuencias penales de entidad".

Además, los jueces dicen que tales actuaciones del Gobierno de Rajoy, y especialmente de su ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, generan en los órganos jurisdiccionales la percepción de que sus resoluciones no acaban teniendo los efectos previstos en las leyes, con el consiguiente desánimo de jueces y fiscales, al constatar que ante determinados delitos se produce una frustración de las consecuencias previstas legalmente.

Dicen estos jueces que al aprobar este tipo de medidas, que reiteran otras anteriores, el Gobierno del Partido Popular "renuncia a la persecución penal efectiva de actos gravemente lesivos de la dignidad humana". Y añaden que "de manera fraudulenta pretende convertirse en una especie de última instancia y apropiarse de las funciones inherentes al poder judicial".

De ser así, representaría una actuación contraria a la separación de poderes propia de nuestro Estado Constitucional. Pero es que, además, a todo eso se añadiría, según JpD, la insuficiente investigación de las denuncias por torturas en nuestro país, como ha puesto de manifiesto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

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