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Qué llevamos a la marcha del sábado

Por: Juan José Huerta

Viernes 29 de agosto de 2008. Como asistentes a la marcha del sábado 30, llevamos, primero que nada, una convicción, esperemos no demasiado, optimista: la sociedad mexicana, el gran conglamerado que en sus diversos estamentos forma la nación, está diciendo ¡basta! porque no está dispuesta a permitir que en su seno predominen las tendencias destructivas, egoístas o proclives a la corrupción del ser humano y está decidida a hacer valer y poner en práctica todas las medidas de legítima defensa de la integridad del cuerpo social, como un todo, y de la seguridad individual de cada uno de sus integrantes.

Llevamos un llamado a la responsebilidad de todos.

En primer lugar de las personas que ejercen el gobierno, en cuyas acciones y decisiones la sociedad deposita el cuidado de la seguridad común, y el uso institucional de la fuerza para prevenir el crimen y para castigar a los infractores de las normas legalmente establecidas. Las penas tienen que ser eficientes para disuadir o escarmentar a los transgresores, y si el crimen florece, como ahora, con delincuentes que no tienen misericordia de nada, quiere decir que es necesaria una revisión escrupulosa de la fuerza de las penas y corregir la manera descuidada en que son aplicadas en esos casos, para hacerlas verdaderamente afectivas.

Llevamos estas recomendaciones a los encargados de los tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, sin que ninguno de ellos pretenda deslindarse del cumplimiento de sus obligaciones con el pretexto de que corresponde a otros su cumplimiento. La coordinación y la colaboración entre todos ellos es una obligación ineludible. Al respecto, vemos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado el 21 de este mes en Palacio Nacional, más que nada una reiteración simbólica de obligaciones legales ya establecidas, de reformas constitucionales ya realizadas y de estrategias contra el crimen y acuerdos de coordinación que debieran haber sido la norma desde hace mucho tiempo. Aún así, le damos la bienvenida al Acuerdo, en espera de resultados concretos y efectivos.

Pero los ciudadanos llevamos con nosotros a la marcha el más firme apego a la protección de las garantías fundamentales del ser humano, pues siempre existe el gran riesgo de no saber cómo controlar a los controladores y de la pérdida consecuente de libertades. Así, el combate al crimen implica, por más contradictorio que parezca y por más difícil que haga la tarea de los agentes de la ley, el pleno respeto al Estado de derecho. Y conviene otra prevención particular: en su punto XII, el Acuerdo Nacional insiste en la creación de un Servicio Nacional de Identificación Personal, con el baladí propósito de “identificación personal en los trámites más relevantes”. Los ciudadanos desconfiamos justamente de la creación de un registro centralizado de todos, que fácilmente puede ser objeto de malos manejos y usos por los propios controladores (el Leviatán siempre es una posibilidad), y cuando la credencial del IFE ya es más que suficiente para cualquier propósito.

Pues sí, combatir a fondo la corrupción de policías, jueces y autoridades y la fácil impunidad que logran los delincuentes, serán de las demandas más sentidas por los manifestantes, aunque reconozcan que esas dos lacras, corrupción e impunidad, no son ciertamente privativas del ambiente criminal sino que permean toda la vida nacional, por lo que la lucha será muy larga y no habrá que cejar en ella. Por supuesto, contra la corrupción, negligencia o ineficacia de policías, jueces y autoridades exigiríamos no la renuncia, no la no-votación, ¡sino su encausamiento legal! En contrapartida, cabe reclamar también las muy indispensables medidas de buenos salarios, estímulos honoríficos a policías, ministerios públicos y jueces, y protección a los mismos contra los insidiosos ataques del crimen organizado, así como una estrategia clara en relación con el seguimiento de los que son dados de baja por corruptos.

Insistiremos en la marcha en el gravísimo problema de las cárceles mexicanas, convertidas en semilleros de delincuentes de alta escuela. El descuido de autoridades responsables es grave y generalizado al respecto, y lo es también el de un sistema judicial lento, farragoso, caro, que atiborra los penales de reos sin condena o del Poder Legislativo que no mantiene en los códigos penales una proporcionalidad adecuada a la gravedad de los delitos, en perjuicio de los delincuentes primarios o de poca monta y en beneficio de los grandes criminales. Además, no se exploran métodos o procedimientos para incorporar a delincuentes primarios, muchos de ellos jóvenes, en programas de rehabilitación en instalaciones comunitarias especiales, en lugar de amontonarlos en las tenebrosas cárceles donde son convertidos fácilmente en serios criminales.

“No hay recursos presupuestales suficientes”, pueden argumentar funcionarios gubernamentales, y ello es verdad... para ciertos fines. ¿Por qué no exigimos que los gobiernos dejen de gastar las millonadas de pesos en propaganda gubernamental que trata de convencer mediáticamente a la población de las bondades de sus programas, y que esos millones los destinen al mejoramiento carcelario o a campañas educativas y de promoción de valores? ¿Es racional o ético que el presidente Felipe Calderón, que ya por ley no presentará su informe anual ante las cámaras del Congreso, ahora gaste ingentes recursos públicos (o los tiempos del Estado) para presumir ante las cámaras de televisión, en aburridos spots, “los avances de su administración” (incluida la seguridad)?

Y ya que hablamos de los medios, de la educación y de los valores, ¿no hay una gran tarea por delante para combatir también la cultura de la violencia que predomina? No se trata del falso problema de la censura a los medios o a los creadores del arte, pero toda la sociedad debiera darse cuenta que algo anda mal cuando en la televisión o el cine una mayoría aplastante de la programación aborda tramas en que el asesinato y la violencia extrema son el principal ingrediente, banalizados como si fueran la normalidad en la vida diaria y no las más tristes facetas de la naturaleza humana.

Algunos han decidido no asistir a la marcha porque consideran elitista el detonador de la misma, el asesinato del joven Martí, o porque creen que existen muchos otros casos de violencia o transgresiones legales que o fueron olvidados por la sociedad. No me parecen buenas causas; el crimen, no tan sólo el secuestro, sino el narcotráfico, la trata de personas, el robo con violencia y tantos otros delitos que amenazan a todos, son siempre lamentables y lamentados por todos; lo que pasa es que se ha llegado a una masa crítica de agresiones sociales que es la que está llevando a esta magna protesta ciudadana.

Algunos asistentes a la marcha pensamos que la sociedad ganaría mucho en el combate al narcotráfico y al crimen organizado, y la violencia que conllevan, si se legalizara el consumo de drogas en México, después de un amplio y serio debate para establecer las mejores modalidades de la medida y los tipos de sustancias que serían liberalizados...

En fin, nos vemos el sábado.

pliegodejjhuerta.blogspot.com