La campaña por la que los Estados miembros se han comprometido a
realizar un total de 2.250 pruebas de ADN a alimentos procesados para
determinar el alcance del fraude de la carne de caballo vendida como de
vacuno comienza este viernes, 1 de marzo, y se extenderá al menos
durante un mes.
El número de análisis por países se ha repartido en función del peso
del mercado cárnico en cada uno de ellos y España, junto a países como
Francia, Reino Unido e Italia, deberá hacer el máximo asignado por
Estado miembro: 150.
También realizarán otra serie de pruebas para detectar un potente
antiinflamatorio para caballo, llamado fenilbutazona, con la intención
de "tranquilizar al consumidor", según explicó el comisario de Salud y
Consumo, Tonio Borg, en una comparecencia este jueves en el Parlamento
Europeo.
De esta prueba, Bruselas ha pedido muestras por cada 50 toneladas
de carne en el mercado, con un mínimo de 5 test por Estado miembro, lo
que en el caso de España supone que se realizarán 115 pruebas,
repartidas entre las Comunidades Autónomas.
Los dos tipos de examen se deberán realizar durante el mes de
marzo, con posibilidad de prorrogar el plan dos meses más y con el
objetivo de que los primeros resultados sean notificados a la Comisión
Europea el 15 de abril a más tardar.
España, que en las últimas semanas ya ha tomado muestras, informó
el lunes del primer caso de equino no etiquetado en canelones de 'La
Cocinera', propiedad de la multinacional suiza Nestlé, que tras este
caso decidió retirar seis productos de su proveedor español.
El comisario Borg, que desde el inicio de esta crisis ha defendido
que se trata de "un caso de fraude de ley y no de un problema de salud
pública", se ha comprometido a hacer públicos los resultados de la
campaña de análisis para restaurar la confianza del consumidor.
En el caso de España, los test de ADN y las pruebas para rastrear
el fármaco se repartirán de manera proporcional entre las Comunidades
Autónomas, teniendo en cuenta el volumen de producción cárnica en cada
una, según han explicado fuentes del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, que conducirá los trabajos en
coordinación con el Ministerio de Salud y Consumo.
El objetivo de las autoridades nacionales es lograr una
prospección lo más amplia posible y por ello las pruebas se realizarán
en todas las Comunidades Autónomas y en todos los eslabones de la cadena
agroalimentaria, desde el procesado hasta los puntos de venta, pasando
por las instalaciones de almacenado y fábricas, explican desde el
departamento que dirige Miguel Arias Cañete.
Las arcas comunitarias asumirán el 75 % del coste que supondrá
esta campaña, unos 3 millones de euros, según cuentas de Bruselas, por
unos análisis que cuestan en torno a los 400 euros cada uno.
La carne de caballo es un producto autorizado en la Unión Europea
pero que debe cumplir una serie de estándares para entrar en la cadena
alimentaria. Por ejemplo, cada caballo sacrificado para el consumo
humano debe contar con un 'pasaporte de sanitario' que acredite que el
animal no ha sido sometido a ningún tratamiento veterinario.
La Unión Europea consume unas 110.000 toneladas cada año de carne
de caballo, de las que importa un 30 % de países terceros,
principalmente de Canadá, México y Argentina. En Europa, los principales
productores son Polonia y Rumanía, aunque los principales consumidores
son Francia, Italia, Países Bajos y Bélgica.
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