El Gobierno saca a pasear la tijera: más madera para calmar a Bruselas

El ministro de Economía, Luis de Guindos, comparecerá mañana en el Consejo de Ministros para explicar el nuevo cuadro macro sobre el que trabaja el Gobierno. Así, Guindos tendrá que reconocer que la economía va a caer entre un 1 y un 1,5% este año, frente al 0,5% que el Ejecutivo se empeñaba en mantener hasta ahora contra viento y marea, y el paro también será mayor, superando la tasa del 27% al cierre del año.
 
Al quedar invalidado el cuadro macroeconómico sobre el que se basan los Presupuestos, el objetivo de déficit ha de ser, por fuerza, distinto. Se contabilice o no el 3,6% correspondiente a las ayudas a la banca, lo cierto es que España ha vuelto a incumplir sus compromisos, ya que el déficit sigue estando en el 7%, cuando el objetivo fijado para 2012 era del 6,3%.
 
No obstante, la Comisión Europea parece estar dispuesta no solo a flexibilizar sus exigencias, sino también a conceder una prórroga de dos años a España para que pueda continuar con su ajuste presupuestario. Eso sí, a cambio de que el déficit se vaya reduciendo paulatinamente.
 
El problema es que la caída del PIB que hará oficial De Guindos borra de un plumazo el escenario perfilado por los Presupuestos, donde se prevé obtener unos ingresos de 124.000 millones de euros. Según los expertos los ingresos podrían caer entre 5.000 y 10.000 millones de euros, por lo que el déficit se elevaría más de un punto y medio respecto al objetivo marcado para este año. Si en 2013 España se había fijado un déficit del 4,5%, en el mejor de los casos dicho déficit superará el 6% que Rajoy quiere pactar con Bruselas para este año, con lo que España incumpliría sus acuerdos por tercera vez consecutiva.
 
Tijera y reformas
 
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana un nuevo paquete de ajustes y reformas. El Gobierno ha transmitido que las medidas no serán tan drásticas como las aprobadas en julio del año pasado, cuando anunció una subida del IVA y la eliminación de la paga extra a los funcionarios. No obstante, es necesario adaptar las cuentas a una contracción del PIB mayor de la prevista. Y Bruselas aprieta.
 
Muchos expertos dan por sentado que, tarde o temprano, el Gobierno terminará aplicando una nueva subida de impuestos. El Gobierno había descartado este extremo de manera tajante, pero el propio presidente Mariano Rajoy hizo un viraje esta semana, cuando dejó la puerta abierta a nuevas subidas del IVA o el IRPF, en función de la situación económica y el progreso del proceso de consolidación fiscal. No obstante, el escenario más probable es que el Gobierno lo deje para más adelante. Bruselas ha pedido en varias ocasiones subir los tipos reducidos del IVA que benefician a ciertos productos.
 
Dado que la prestación por desempleo supone una de las partidas más abultadas del gasto y que el desempleo es uno de los principales problemas de la economía española, Bruselas presiona para que se aborde este tema, sugiriendo una reducción del periodo máximo de cobro de 24 a 18 meses. No obstante, el Ejecutivo teme el desgaste que produciría una medida. Y la ministra Fátima Báñez ha asegurado a los sindicatos que no tienen pensado plantear medidas en este sentido.
 
Pero el gasto en desempleo es sólo la consecuencia de un drama que ya afecta a más de 6,2 millones de trabajadores y que, mes a mes, no saca los colores delante de nuestros socios. Por eso también hace falta mejorar las políticas activas, ayudar a los parados en la búsqueda de un trabajo. En este sentido, el Ejecutivo planea una reforma en profundidad, que implicará que un 15% de las políticas activas de empleo se vinculen a objetivos pactados con las comunidades en 2013 y un 40% en 2014. Son unos 1.340 millones este año que cada autonomía podrá usar en los objetivos que estime más importantes. Se incide sobre todo en los jóvenes, mayores de 55 años y parados de larga duración.
 
La ley de emprendedores es una de las promesas pendientes. Además de facilitar la creación de empresas, el Gobierno cree que es necesario facilitar su desmantelamiento, sin necesidad de dejar al emprendedor con deudas de por vida. En este sentido, se bajara reducir los trámites y limitar la responsabilidad de los empresarios. Otra medida que se plantea es fomentar la inversión en este tipo de empresas, mediante la fiscalidad y cambios en el Mercado Alternativo Bursátil. La ley también incluirá la posibilidad de crear una empresa de forma telemática en 24 horas por 40 euros. Asimismo, es posible que se plantee algún tipo de vehículo o mecanismo de articulación del crédito, quizá en colaboración con el ICO.
 
La liberalización de servicios profesionales también es una de las exigencias de Bruselas. De Guindos ha dicho que sólo se va a mantener la colegiación en los ámbitos donde sea imprescindible, como en el de salud. También se valora la necesidad de dar más pasos en la unidad de mercado y en materia energética.
 
En cuanto a la reforma de las administraciones públicas el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha fijado el objetivo de la reforma integral en "hacer las administraciones más austeras, efectivas y eficientes para todos los ciudadanos". Esta reforma ha despertado muchos recelos entre las distintas administraciones, temerosas de que se reduzcan sus competencias o el presupuesto.
 
Pensiones, más adelante
 
Los cambios en el modelo de pensiones son otro de los aquelarres que la Unión Europea lleva agitando desde hace meses. Y el Gobierno está preparándose para abordarlo, pero no será este viernes. Un grupo de expertos está elaborando un informe sobre el factor de sostenibilidad del sistema, que luego se debatirá con partidos y agentes sociales.
 
En un documento del Gobierno que servirá de base a los cambios, el Ejecutivo señala ya que uno de ellos puede ser seguir aumentando la edad de jubilación, más allá de los 67 años fijados por la última reforma. El texto señala que se podría unificar las dos edades de jubilación de referencia, de 65 y 67 años. Una vez hecho eso es posible seguir aumentando dicha edad legal, es decir, aumentar la edad de retiro más allá de los 67 años. Los otros dos cambios importantes que puede traer el factor de sostenibilidad son la indexación de las pensiones, para acabar con la vinculación entre la subida de los precios y la de las pensiones, y la fórmula de cálculo de la pensión, lo que significa aumentar el número de años de trabajo necesarios para alcanzar el 100% de la pensión.
 
Ahora la gran incógnita será ver qué incluye finalmente ese factor y cuándo se empieza a aplicar. En cuanto al qué incluirá, el grupo de expertos tendrá un informe listo a finales de mayo. A partir de ese momento empezarán a trabajar dos mesas en paralelo. Una de Gobierno, empresarios y sindicatos y otra de grupos políticos, en el seno del Pacto de Toledo. De todo ello, buscando el consenso, saldrá un proyecto que el Gobierno usará para tomar su decisión final.
 
La otra cuestión clave es cuándo entrará en vigor el factor de sostenibilidad. La anterior reforma de las pensiones, de mediados de 2011, no consideraba necesario que empezase a operar hasta 2027. Ahora se da por descontado que el factor comenzará a funcionar antes. Entre otras cosas, porque Bruselas insiste en ello. El pasado 10 de abril la Comisión Europea subrayaba que "hay margen para seguir reforzando la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones".


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