El Gobierno no frenará los suicidios con las medidas 'antidesahucios'

El Gobierno ha aprobado de urgencia este jueves un plan para frenar los desahucios a los colectivos más vulnerables. Se trata de una moratoria de dos años y es una "primera fase de medidas de protección de deudores hipotecarios". Para tal efecto se han establecido una serie de requisitos económicos y sociales para que un lanzamiento, término legal para un desahucio, se frene. Las estrictas condiciones limitan en extremo el acceso  de los afectados a beneficiarse de la moratoria de 24 meses.

Entre las condiciones necesarias para acogerse al plan del Gobierno para frenar los desahucios se incluyen condiciones económicas y sociales. La condición económica más importante para evitar el desahucio es que en ningún caso un deudor puede sobrepasar unos ingresos de tres veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). En el ámbito social, el Ejecutivo define como familias en situación de vulnerabilidad: familias numerosas, deudores en paro, supuestos de violencia de género, personas con hijos o mayores a su cargo... En cualquier caso, quienes se acojan a este beneficio podrán disfrutar de una paralización del desalojo durante dos años, pero se 'reengancharán' a su antigua situación al finalizar los mismos.

Para algunos, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), las medidas del Ejecutivo son "cosméticas, coyunturales y parciales". La PAH reclama una dación en pago retroactiva - esto es, que el banco acepte la vivienda como condonación de la deuda- así como el alquiler social de 200 euros.

La Ley Hipotecaria actual, que data de 1909, ha sufrido reformas a lo largo del tiempo. Este jueves, al parecer, sólo se ha tocado la parte correspondiente al lanzamiento. El Ministro de Economía, Luis de Guindos, ha señalado que con estas medidas no se modifica la ley, dado que se centra en el proceso del desahucio. La legislación vigente estipula que en la compra de una vivienda y al solicitar un crédito, éste se garantiza con una hipoteca, y que el hipotecado se compromete a pagar dicho crédito incluso cuando la vivienda haya sido vendida en subasta judicial. Este aspecto continúa hoy igual que ayer. El decreto del Gobierno no elimina tampoco los intereses de mora ni revisa las tasaciones de las viviendas.

Desde 2008, año el que la crisis económica y financiera estalló en España, alrededor de 400.000 viviendas han sido desalojadas por orden judicial dado que los propietarios no podían pagar su hipoteca mensualmente. En el Estado español se está a punto de alcanzar los 6 millones de desempleados.

Vivienda social

El real decreto del Ejecutivo central prevé crear un parque de viviendas sociales con un alquiler barato para personas desahuciadas y fija el umbral de renta para acogerse a estas medidas en 3 veces el IPREM, que sean familias numerosas, familias con menores de tres años, incapacitados o dependientes, deudores en paro y sin prestación por desempleo o en supuestos de violencia de género.

Después de que miles de familias hayan perdido su hogar e incluso en los casos más extremos mucho más, como hemos visto con el suicidio de Amaia Egaña el pasado viernes, los bancos han decidido paralizar los desahucios durante los próximos dos años. La Asociación Española de Banca esgrime "razones humanitarias" y de "responsabilidad social" para este cambio de actitud además de afirmar que trasladaron su decisión el pasado jueves al Ministerio de Economía y al Banco de España. Pero lo que ha existido en verdad es una presión social insostenible que trasladada a la clase política y a las propias entidades financieras ha llevado a esta primera victoria, que no deja de reflejar la demanda de un mayor equilibrio social.

El fracaso del Código de Buenas Prácticas

Esta moratoria refleja un fracaso de todas las medidas anteriormente tomadas por el Gobierno, la última el famoso Código de Buenas Práctica que se aprobó hace apenas medio año. Esta medida no ha conseguido sus objetivos, primero por su carácter voluntario y segundo por los restrictivos límites impuestos para que un ciudadano pudiera acogerse a la dación en pago. Pero la dación en pago, no deja de ser un fracaso, es dramático que tras perder la vivienda, para la mayoría de las familias su único bien, quede aun una deuda pendiente, pero el principal problema es perder la casa y no se han dado de forma general soluciones para que esto no fuera así.

Por ello, que los dos principales partidos políticos se pusieran de acuerdo la semana pasada para reunirse en la búsqueda de un pacto que modificara la anquilosada Ley de Desahucios es positivo, pero no deja de ser un reflejo de que la brecha con la sociedad se ha aumentado, y la principal razón los enormes desequilibrios entre lo que recibe el sector financiero y lo que percibe la sociedad a cambio.

Esta fractura se inició desde el principio de las crisis, mientras esta se cebaba ya con miles de empresas y trabajadores, en 2008 el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero concedía avales por hasta 100.000 millones de euros, posteriormente vinieron los rescates a Caja Castilla-La Mancha, Cajasur, Caja de Ahorros del Mediterráneo y los más reciente a Catalunya Banc, NovaGalicia Banco, Banco de Valencia y especialmente a Bankia que precipitó la ayuda a la Unión Europea. Pero además de eso hemos pasado de un rescate que no iba a costar "un euro" a los españoles según afirmó Mariano Rajoy a que las ayudas pasadas computen en el déficit, con lo cual para su reducción conlleve más recortes y más impuestos a los ciudadanos.


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