Aunque esta mañana el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario
de la Competencia,
Joaquín Almunia, recordaba que todo préstamo "lleva
aparejado unas obligaciones y compromisos" por parte de quien lo recibe,
parece que no habrá intervención directa en nuestra economía. O al
menos, es lo que Europa, comandada por Alemania, no quiere aparentar. El
ministro germano de Finanzas, Wolfgang Schaeuble, asegura que una
misión compuesta por expertos de la Comisión Europea, el Banco Central
Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) se encargará de
controlar la reestructuración del sector bancario español, pero no del
resto de la gestión económica del país.
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La 'troika europea': supervisará e impondrá "condiciones"
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(I) Tras el rescate bancario: las exigencias |
(II) Las consecuencias directas Wolfgang Schaeuble, al ser cuestionado en la emisora alemana
Deutschlandfunk sobre
si el acuerdo de ayuda al sector bancario español excluía la presencia
de la 'troika', el ministro germano rechazó categóricamente esta
posibilidad, aunque precisó que estos expertos "
revisarán que el programa se mantiene, aunque sólo en lo que se refiere a la reestructuración del sector bancario".
A este respecto, Schaeuble añadió que esta reestructuración del sector
bancario español "debe ser negociada en detalle y será objeto de
seguimiento".
No obstante, el ministro germano quiso aclarar
que la medida se dirige a los bancos españoles y no se trata en de la
política fiscal española no de los mercados financieros en general,
puesto que "España está en el camino correcto".
De todos modos, ya se rumorea que sí habrá exigencias directas a España a cambio de este préstamo. El Gobierno tendrá que
subir el IVA para adecuarlo al tipo medio en la UE y eliminar productos y servicios de IVA reducido.
Deberá eliminar también, o al menos reducir, las ventajas fiscales que
alimentan el endeudamiento y la propiedad de la vivienda; es decir,
acabar con la
deducción por la compra de una casa. Otra medida
que reclama Bruselas es reformar otra vez el mercado laboral para
"aumentar la efectividad de las políticas de empleo, incluyendo una
mejor coordinación entre los servicios públicos nacionales y
regionales".
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