Blesa intentó tocar el Fondo de Pensiones de Caja Madrid

En el último semestre de 2009, las tensiones de liquidez empezaban a aflorar amenazantes en Caja Madrid. Acuciado por las mismas, el entorno más cercano a Miguel Blesa le propuso una operación de lease-back de las sucursales de Caja Madrid; venderlas para obtener liquidez y quedarse con el uso de las mismas pagando un alquiler. Hasta aquí todo normal. Lo escandaloso es lo que ha denunciado el digital 'Expresión Económica' a partir de documentos de UGT: el comprador que habían buscado no era otro que el Fondo de Pensiones de Caja Madrid.

Se puede comprender que las razones eran claras: al ser interno era influenciable y pagaría más por los edificios, evitando, además, la mirada incomoda de los inversores "de fuera". Según el digital 'expresioneconomica.org', para ello plantearon una operación tan opaca como la compra del City Nacional de Florida.

La historia, según ha podido corroborar igualmente Diariocrítico en documentos de UGT, el equipo encargado de "colocar" la operación a los miembros de la Comisión de Control del Plan de Empleados de Caja Madrid (órgano de gobierno del Fondo) lo formaban directivos de toda la confianza de Blesa y algunos vinculados a Díaz Ferrán. Paralelamente, la Comisión de Control del Plan de Empleados estaba compuesta por 17 miembros, 8 de la patronal y 9 de la parte social. Cuatro eran de CCOO, 3 del sindicato ACCAM y 2 de UGT.

Según la documentación ugetista, CCOO y ACCAM adoptaron una postura complaciente, pero UGT se opuso radicalmente a la propuesta. Y lo hizo filtrando el contenido de la misma a los empleados, a la prensa y en persona al Director General de Seguros, Ricardo Lozano. Además, las presiones de la patronal sobre los miembros de la comisión de control no dieron su fruto porque el Director General de Seguros, en su dictamen, impuso unas condiciones "draconianas" a la operación que la hacían imposible de llevar a término. La condición es que si el Fondo de Pensiones de Caja Madrid quería "comprar las sucursales de Caja Madrid", la entidad no podría tener la Depositaría del Fondo de Pensiones, sino que debería transferirlo a otra entidad (con el consiguiente escándalo).

Así se salvaron los "salarios diferidos" de los empleados del Grupo Caja Madrid de lo que UGT califica intento de estafa. La valoración actual de los 165 millones que pretendían colocar de sucursales sería inferior a 60 millones de euros y hubiera provocado un agujero patrimonial irrecuperable, haciendo posiblemente inviables las "prejubilaciones".