La idea general está clara: el
Gobierno debe inmediatamente recurrir al Tribunal Constitucional ante
esta declaración soberanista de Cataluña. Porque el primer paso ya
está dado y el president de la Generalitat,
Artur Mas, dijo que
iniciará "pronto" los contactos con el Gobierno para
hablar del contenido de la declaración aprobada en el Parlament.
"Algunos serán públicos y otros privados y servirán para
construir y mantener abiertos los puentes de diálogo", señaló.
Pero desde Madrid parecen estar
tranquilos, al tiempo que no tan optimistas acerca de la posibilidad
de recurrir ya al Alto Tribunal. El ministro de Exteriores,
José
Manuel García-Margallo, por ejemplo, aseguró ayer que el Gobierno
no permitirá "nunca" una consulta que no se ajuste a la
legalidad y señaló que la declaración aprobada en el Parlamento
catalán es "retórica y sin efectos jurídicos".
Pero sobre las posibles acciones del
Gobierno para frenar la declaración, el ministro apuntó que un
recurso ante el Tribunal Constitucional le parecía "difícil"
en estos momentos, al tratarse de un texto retórico, que no es
jurídicamente vinculante y sin consecuencias prácticas inmediatas".
Aunque ya antes hemos tratado aquí las
medidas a tomar por el Estado si llegaban a darse estos
condicionantes.
La primera vía que podría
emplear el Gobierno es la antes mencionada:
recurrir al
Constitucional. El ministro de Justicia,
Alberto
Ruiz-Gallardón, dijo en su día que acudirá a este Tribunal
para impedir la convocatoria de un referéndum en Cataluña en 2014,
como han pactado esas dos fuerzas políticas.
La segunda vía pasa
directamente por
demandar a Artur Mas por invasión de
competencias. Si hubiera consulta, "el Gobierno de España, en
cumplimiento de nuestra Constitución, iniciaría los mecanismos
legales para suspender la celebración del mismo". Esta
posibilidad pasa por que la Fiscalía General del Estado actuara
contra Artur Mas como firmante del decreto de convocatoria del
referéndum por un posible delito de prevaricación.
Si la
consulta es finalmente organizada, la Delegación del Gobierno podría
solicitar formalmente a las autoridades catalanas que la dejaran sin
efecto, por no atenerse a la legalidad. En el caso de que Mas
insistiese en celebrarla, se le podría acusar de un delito de
desobediencia y ser inhabilitado para el ejercicio de la política,
convirtiéndole en un mártir político para los soberanistas
catalanes.
La tercera vía es ya la más extrema y a la
que el Gobierno prefiere no tener que llegar en ningún caso, pero
existe como posibilidad. Hablamos de la siempre polémica idea de la
suspensión de la autonomía catalana.
Desde 2007
circulan especulaciones al respecto, en tiempos de iniciativas de
este tipo en Euskadi, con el conocido como 'Plan Ibarretxe'. El
articulo 155 de la Constitución, en su punto 1, se dice: "Si
una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la
Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que
atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo
requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso
de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del
Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla
al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección
del mencionado interés general".
Como el PP controla el
Senado con mayoría absoluta, tendría fácil llegar a tal extremo,
aunque el desgaste político de llegar a tomar esa decisión tendría
repercusión durante décadas para el partido que ahora preside
Mariano Rajoy, jefe del Ejecutivo nacional.
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