La Plataforma indica que la vigente Ley de Salud Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo es una ley "equitativa" como las que rigen mayoritariamente en los países del entorno de España.
"Es una norma que, sin ser perfecta, porque ninguna lo es, y siendo susceptible de mejora, como cualquier norma de un estado democrático, es una ley que combina los supuestos de despenalización o indicaciones con el ejercicio de la decisión libre de la mujer embarazada sobre su propio cuerpo y su maternidad sin tutelas externas en unos plazos establecidos", ha indicado.
Así, afirma que es una norma que "no discrimina" a la mujer por su situación económica o social mientras que la nueva propuesta "nos llevaría a tiempos pasados en los que solo podían abortar las mujeres con recursos suficientes para hacerlo en el extranjero o que se jugaban la vida en abortos clandestinos".
"En la sociedad española actual, las leyes y las costumbres sociales protegen a las mujeres embarazadas y a sus bebés presentes y futuros, como no puede ser de otra manera en una sociedad civilizada", indica la Plataforma, que añade que "ninguna mujer está obligada a abortar si no desea hacerlo y no puede estar obligada a llevar a término un embarazo que no desea, por las causas que sean".
Así, considera que la propuesta del Gobierno, el Anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido y de la mujer embarazada, "no responde más que a la necesidad de dar satisfacción a los sectores más conservadores del partido que sustenta al Gobierno y a las jerarquías religiosas del país".
"Nunca un gobierno debería imponer leyes sobre cuestiones morales sino que debe legislar sobre el ejercicio de los derechos de la ciudadanía", concluye.
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