La Plataforma por el Derecho de la Mujer a Decidir considera que "no es suficiente" la paralización o retraso de la tramitación de la reforma y exige la retirada definitiva del proyecto de ley porque, en su opinión, "supone un retroceso de treinta años en los derechos y libertades conseguidos por la mujer en España".
Creen que "el esfuerzo y la lucha de tantas personas, asociaciones y colectivos tienen como consecuencia que la ética común no pueda supeditarse a las morales personales de algunos" y recuerdan que, "tras muchos años, habíamos llegado a tener una ley de interrupción del embarazo semejante a las de los países de nuestro entorno social y cultural".
La vigente Ley de Salud Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo es, en su opinión, una norma que, siendo susceptible de mejora como cualquier norma de un estado democrático, es una ley que combina los supuestos de despenalización o indicaciones con el ejercicio de la decisión libre de la mujer embarazada sobre su propio cuerpo y su maternidad, sin tutelas externas, en unos plazos establecidos.
Es una norma, añaden, "que no discrimina a la mujer por su situación económica o social mientras que la propuesta nos llevaría a tiempos pasados en los que solo podían abortar las mujeres con recursos suficientes para hacerlo en el extranjero o que se jugaban la vida en abortos clandestinos". La norma vigente, creen, "es una garantía para la seguridad jurídica de las mujeres y de los profesionales que las atiendan".
Desde su punto de vista, explican en un comunicado, solo la mujer, "puede y debe valorar como ciudadana de primera categoría que es", una decisión en torno al aborto.
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