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En función de las conveniencias políticas, en este último tiempo esencialmente de la oposición, se transita con antojos de lo legítimo a lo legal, saltando pasos democráticos imprescindibles: los textos autonómicos fueron aprobados en medio de cuestionamientos legales, pues los referendos no fueron convocados por el Congreso como señala la Ley del Referéndum y no tienen el consentimiento de la Corte Nacional Electoral.

El Gobierno pidió al Parlamento un proceso legal contra los prefectos de la “media luna” que determinaron no asistir a la consulta ciudadana porque consideran que no resolverá la crisis política y porque ya cuentan con estatutos autonómicos que definen las reglas del revocatorio. Sobre la alfombra del “todo se puede, hay crisis institucional”, este argumento pesa para evitar una consulta que, por torpeza de Podemos, se aprobó otorgando ventaja al MAS. El mismo Peter Maldonado llamó “bravuconada” la postura del Conalde, porque “cinco hombres” deciden desconocer una ley aprobada por el Legislativo. Vamos más allá: para Miguel Insulza (OEA), la convocatoria a referéndum “se basó en un consenso amplio entre las fuerzas representadas en el Parlamento” y “entre el Gobierno y los prefectos”. Carlos Dabdoub, director de Autonomías de la Prefectura cruceña, respondió que no hubo ningún acuerdo para realizar el revocatorio y que las declaraciones de Insulza son una intromisión a los asuntos internos del país. ¿Qué tal?

Si los personajes políticos con más físico en la pugna patinan sobre la legalidad, ¿a quién sorprende que la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) presione con tanto cinismo? Esta “fuerza joven”, armada de entusiasmo y palos, reclama (así de fácil) que la administración de las trancas, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, la Gerencia Regional de la Aduana, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, el Servicio de Impuestos Nacionales y la Policía Departamental pasen a tuición del “gobernador”. La Prefectura y el Comité Cívico dicen no respaldar las medidas violentas, pero no actúan en consecuencia.

Pero los chicocos argumentan el Estatuto cruceño: “Los inmuebles y demás bienes públicos de propiedad del Estado nacional (...) serán transferidos, a título gratuito, al departamento autónomo de Santa Cruz”. Y listo. Uno de sus representantes ha amenazado con “hacer cumplir el mandato del pueblo ya que el Gobierno centralista no quiere transferir las instituciones y los recursos por las buenas”. ¿Cómo será por las malas? Por ahora, buscaron tomar al menos siete trancas administradas por la empresa Vías Bolivia, además de ocupar el retén del kilómetro 17, al final impedidos por la Policía. Resultado: berrinche porque los efectivos del orden capturaron a siete jóvenes. Respuesta: atacar el Distrito Policial 8 del barrio Los Tusequis hasta liberar a “los nenes torturados”. Por esto el dirigente juvenil exige la renuncia del Comandante de la Policía por “someter al pueblo cruceño”. ¿Y si no sucede así? Fácil, crear una “Policía Departamental Autónoma”, integrada por civiles. No se dejó esperar la Central Obrera Departamental, que anunció la creación de una entidad paralela a la UJC. Tan caricatural y peligroso como la entusiasta propuesta juvenil.

El detalle es que esto no es ni un cómic para adolescentes ni un western en blanco y negro. Es el presente boliviano cuyo Estado es incapaz de impedir que estos sobrinos de Popeye quemen patrullas policiales o arremetan contra rejas de un retén. A punta de palo y sin espinaca, la Unión Cruceñista es. Pip. Pip.

* Comunicadora

lapinbenavente@hotmail.com