En opinión de UGT-Madrid, el TSJ de Andalucía inicia sus razonamientos jurídicos señalando el carácter básico de la Ley General de Sanidad y su obligada aplicación a todo el territorio del Estado. Asimismo, apoya una parte importante de sus fundamentos de derecho en el criterio poblacional, entre 5.000 y 25.000 habitantes para la zona básica de salud, reconociendo a Carmona la consideración de distrito al superar en 326 habitantes el límite poblacional para la zona básica.

Del mismo modo, el Tribunal, entre los fundamentos de derecho de la sentencia, de julio de 2009, señala que, “…el artículo 56, de la Ley General de Sanidad, que se refiere a las áreas de salud, y a la exigencia de que exista una por, como máximo, 250.000 habitantes, tiene carácter básico. Por tanto, este requisito constituye un mínimo común denominador para todas las comunidades autónomas, que debe ser respetado por estas en el ejercicio de su facultad normativa de desarrollo de la norma estatal básica”.

En este sentido, analiza la sentencia el Decreto 259/01, de 27 de noviembre, de la Junta de Andalucía, por el que se crean ocho áreas de salud, cuya delimitación territorial coincide con las ocho provincias andaluzas, y concluye el Tribunal en su razonamiento que esta normativa contraviene lo establecido en la legislación básica estatal, que imposibilita la creación de áreas de salud que abarquen una población superior a 250.000 habitantes. Por todo ello, termina por anular el acto administrativo impugnado por no estar ajustado a derecho.

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