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La medida, conocida este miércoles, fue dictada el 23 de junio último por el juez federal Sergio Torres, en el marco de la "megacausa" en la que investiga los delitos de "lesa humanidad" ocurridos durante la última dictadura militar en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).

De esta manera, el ex oficial de la Armada, que operaba con el mote de "Sérpico", agrega un nuevo cargo en su contra ya que el juez Torres lo procesó, con anterioridad, por el secuestro de las monjas francesas Leonnie Duquet y Alice Domon y el robo de bienes de otros prisioneros en la ESMA.

Por el secuestro de Walsh ya se encuentran procesados los represores Alfredo Astiz, Jorge "el Tigre" Acosta, Antonio Pernías, Juan Carlos Rolón, Jorge Rádice, Ernesto Frimon Weber, Juan Fotea, Julio César Coronel, Carlos Orlando Generoso, Pablo García Velazco y Antonio Febres, quien murió por ingesta de cianuro en dependencias de la Prefectura.

El escritor fue secuestrado el 25 de marzo de 1977 cuando intentaba distribuir la "Carta Abierta" al dictador Jorge Rafael Videla que escribió con motivo del primer aniversario del golpe con el cual el "Proceso de Reorganización Nacional" usurpó el poder.

Esa tarde fue interceptado en la intersección de las avenidas San Juan y Entre Ríos, en el porteño barrio de San Cristóbal, por un "grupo de tareas" de la ESMA integrado por quienes se autoidentificaban como "Fragote", "Yoli", "Paco", "Tiburón" y "Sérpico"; ocasión en la que se produjo un enfrentamiento en el que Walsh fue gravemente herido y trasladado luego a la ESMA.

El juez Torres también imputó a Cavallo -quien fue extraditado desde España a requerimiento de la justicia argentina- el robo de bienes de la casa de Walsh, cuya morada de la bonaerense localidad de San Vicente fue "completamente baleada y saqueada" por parte de los integrantes del grupo quienes se apoderaron desde un Fiat 600 hasta escritos inéditos de la víctima.

En su extensa resolución, a la que Télam tuvo acceso, el magistrado recordó diversos testimonios recibidos en la instrucción, entre ellos el de Ricardo Coquet, quien refirió que Weber "muy alterado un día le contó: ’lo bajamos a Walsh en una cita en la calle. El hijo de puta se parapetó detrás de un árbol y se defendía con una 22. Lo cagamos a tiros y no se caía el hijo de puta’".

"Sérpico" ya estaba procesado por los secuestros de las monjas francesas y de la Madre de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, entre otra decena de víctimas, perpetrados en los primeros días de diciembre de 1977, en inmediaciones de la Iglesia de la Santa Cruz donde se reunían familiares de desaparecidos y Astiz se había infiltrado con el nombre de Gustavo Niño.

En esa ocasión Torres responsabilizó al represor por el secuestro y aplicación de tormentos a las religiosas, a Villaflor y a María Ballestrino de Careaga, Remo Berardo, Raquel Bullit, Eduardo Gabriel Horane, José Fondevilla, Patricia Oviedo, María Ponce de Bianco y Horacio Elbert.

Todos ellos fueron privados ilegítimamente de su libertad y llevados al centro clandestino de la ESMA donde fueron sometidos a "diferentes tormentos para luego ser alojados bajo condiciones inhumanas" y finalmente "trasladados por personal de la marina".

Con anterioridad, el magistrado también lo había encontrado responsable "prima facie" por el desapoderamiento de un automóvil y una propiedad en la bonaerense localidad de Florencio Varela; a los familiares de Néstor Enrique Ardetti quien estaba ilegítimamente cautivo en la ESMA.

"Los delitos que se analizan fueron cometidos dentro del aparato del Estado y constituyeron no sólo violaciones a los derechos humanos, sino también, por su escala, volumen y gravedad, crímenes contra la humanidad de acuerdo al derecho internacional", afirmó Torres.

El magistrado recordó que "durante el período en el que el último gobierno de facto se hizo cargo de todos los poderes públicos, se instaló en el país un sistema de represión clandestino en el que se produjeron enorme cantidad de delitos que deben ser considerados crímenes contra la humanidad".