Entre las últimas propuestas, el Gobierno pretende elevar de 65 a 67 años la edad de jubilación y de exigir 37 años de cotización para cobrar el cien por cien de la pensión. Ese es uno de los escollos a salvar en la negociación.
El proyecto del Ejecutivo es retrasar de 61 a 63 la edad de jubilación anticipada, novedad que iría acompañada de que esa jubilación anticipada sea voluntaria por parte del trabajador, no como ocurre en la actualidad. El requisito para acogerse a esta fórmula es ser despedido por la empresa y estar inscrito como demandante de empleo al menos seis meses antes de la solicitud de la pensión.
400.000 trabajadores se 'salvarían'
Y según publica este lunes el diario '
Público', la reforma tendría excepciones, según diversas voces oficiales, que eximirá a muchas profesiones de prolongar aún más su vida laboral. Esa flexibilidad se percibiría en ciertas actividades profesionales que por su penosidad o toxicidad pueden ser perniciosas para la salud y que tendrían que cumplir los mismos criterios que el resto. Algo que, según estudios internos del Ejecutivo, afectaría a 200.000 trabajadores.
En un estudio elaborado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), se refleja que los trabajadores de la metalurgia, la extracción de minerales y la industria de la madera, tienen más probabilidades de sufrir accidentes a partir de los 55 años en el desempeño de su puesto de trabajo.
La izquierda parlamentaria enmienda la totalidad del Pacto de Toledo
Los diputados de ERC, IU, ICV, BNG y Nafarroa Bai han presentado un paquete de ocho votos particulares al informe de recomendaciones del Pacto de Toledo con los que pretenden expresar su "oposición rotunda" al documento que se aprobó en Comisión el pasado 29 de diciembre y redactar un nuevo texto que recalque al Gobierno que no puede llevar a cabo los "recortes" en materia de pensiones que presentará en el Consejo de Ministros de este viernes.
En rueda de prensa, los representantes de estas formaciones de las denominadas minorías de izquierda de la Cámara Baja han explicado que uno de esos votos tiene carácter de "enmienda a la totalidad" al informe, mientras que los siete restantes afectan a cuestiones concretas.
Se ha hecho así con el objetivo "estratégico" de conseguir acuerdos puntuales pero con "mayorías amplias" del resto de grupos, en especial PP y CiU, en temas referentes al rechazo al aumento a los 67 años de la edad de jubilación o la congelación de las pensiones y conseguir dejar en minoría al PSOE en la votación ante el Pleno que tendrá lugar este martes.
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El portavoz de ERC,
Joan Ridao, ha señalado que la reforma que plantea el Ejecutivo socialista, centrada en la edad legal de jubilación, tiene el objetivo doble de "calmar a los mercados" y de permitir que los "poderes financieros" obtengan "suculentos beneficios" incentivando la privatización del sistema ante el "miedo injustificado" por su insostenibilidad ante el envejecimiento de la población.
Recorte del 10% de las pensiones
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Su compañero de grupo parlamentario y diputado de IU,
Gaspar Llamazares ha comparado la propuesta del Gobierno con el retroceso que supondría elevar al jornada laboral hasta las 9 o 10 horas diarias, y ha acusado al Ejecutivo de pretender "expulsar a la clase media" del sistema público para beneficiar a los sistemas privados.
En esta línea, la diputada del BNG,
Olaia Fernández Dávila, ha asegurado que el documento de recomendaciones que la Comisión aprobó el pasado 29 de diciembre, con el voto en contra de las minorías de izquierda, deja vía libre al Ejecutivo al ser demasiado "flexible" sobre la edad de jubilación y permite acometer una serie de reformas --como el aumento del periodo de cálculo-- que podrían suponer un recorte medio de la pensiones del 10%.
Pide un nuevo fondo para revalorizar las pensiones
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Frente a esto, el documento registrado este mediodía por estas formaciones plantea la completa asunción con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para 2011 de los complementos a mínimos y los costes de personal de la Seguridad Social, así como de las prestaciones no contributivas y universales, al tiempo que se crea un mecanismo para garantizar las contributivos en un nivel digno en situaciones de crisis económicas.
Al tiempo, reclama que se destierre definitivamente la idea de permitir que el Fondo de Reserva invirtiera en renta variable privada y la agilidad en el ingresos de los excedentes del sistema, de manera que avisa de que reducir las cotizaciones será una irresponsabilidad y ve "margen" para incrementar las bases de cotización, en especial la mínima, que iría ligada a una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros mensuales.
Otras propuestas se refieren a obligar a que las becas de formación se formalicen a través de un contrato laboral para luchar contra el fraude y la "economía sumergida" en este tipo de relaciones laborales y reforzar el apoyo a la integración laboral de la mujer a través de la reforma de las pensiones.
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