La reforma constitucional, con un calendario ajustadísimo, estará concluida el 25 de septiembre

El calendario previstro es el siguiente: el 30 de agosto, un Pleno Extraordinario y quizás otro el 1 de septiembre, según ha anunciado el presidente del Congreso, José Bono, a la hora de cerrar la sesión también extraordinaria de este martes. En prinicipio, el 10 de septiembre sería un Pleno ordinario el que aprobaría definitivamente la reforma, que irá en texto único y sn enmiendas,  pues en tal caso no habría tiempo definitivamente. Como hay 15 días para pedir un referéndum, para lo que tienen que reunirse el 10% de diputados o senadores (35 y 28, respectivamente), esto podría ralentizar de nuevo el proceso. Pero es imposible que así suceda, porque en ambas Cámaras, descontando los parlamentarios del PSOE y del PP, no hay suficientes congresistas o senadores para alcanzar ese porcentaje. Así, el día 25 se publicaría en el Boletin Oficial del Estado y entraría en vigor la reforma, por lo que al día siguiente, Zapatero podría disolver las Cámaras t convocar elecciones generales para el 20 de noviembre, como estaba previsto. El propio José Bono se ha mostrado convencido de que la reforma de la Constitución que ha propuesto el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para fijar un límite de déficit, podría hacerse antes de la disolución de las Cortes, prevista para el próximo 26 de septiembre.  Concretamente, Zapatero es partidario de retocar la Carta Magna para establecer una regla que garantice la estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo, tanto en relación con el déficit estructural como en la deuda, una reforma que vincularía a todas las administraciones públicas.    "En términos reglamentarios, cumpliendo determinados plazos y prescripciones puede modificarse la Constitución antes de que finalice la presente legislatura. Así se lo he hecho saber a quien me lo ha preguntado", ha comentado Bono en los pasillos del Congreso.    La fórmula propuesta por Zapatero es que sean los grupos parlamentarios los que impulsen la modificación constitucional a través de una proposición de ley que sería tramitada por la vía de urgencia y en lectura única. Tras su registro en el Congreso, el Pleno podría tomar en consideración el texto un martes y dos días después aprobarlo para su remisión al Senado. Con acuerdo del PP Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha subrayado que esta reforma constitucional no requeriría la celebración de un referéndum y que, dada la existencia de acuerdo entre los dos principales partidos, "puede hacerse con relativa rapidez".    El artículo 167 de la Carta Magna establece que los proyectos de reforma constitucional deben ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, lo que en este caso estaría garantizado con los votos de PSOE y PP. Pero, si en los 15 días siguientes a la aprobación la décima parte de los miembros del Congreso o el Senado lo solicitan, debería ser sometida a referéndum.    Por otra parte, la Constitución prevé que si la reforma supone una revisión total del texto constitucional o una parcial que afecte al Título Preliminar, a los derechos fundamentales y libertades públicas o a la Corona, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y después habría que disolver las Cortes.    Las nuevas Cámaras tendrían que ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. Una vez avalada la reforma por las Cortes Generales, la modificación sería sometida a referéndum para su ratificación