Los técnicos del Poder Judicial desaconsejan el traslado a La Haya

Son cuatro los informes que han llegado a la Comisión del CGPJ sobre la solicitud de Baltasar Garzón de que se le declarara en situación de "servicios especiales" para marcharse a Holanda como "consultor externo" de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI). El único discrepante ha sido el del Servicio de Personal del Consejo General del Poder Judicial -los técnicos del órgano de gobierno de los jueces-, en el que se afirma que la petición del juez-estrella "no cumple los requisitos legales".

Hay que recordar que, cuando ya veía como inminente su suspensión como juez, Garzón solicitó de forma urgente la concesión de "servicios especiales" por siete meses para poder atender una 'invitación' del fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), Luis Moreno Ocampo, para ser su "consultor externo". Se interpretó como un intento torticero por el juez para evitar lo que ya era inevitable.

Pese a todo, la Comisión Permanente del CGPJ admitió a trámite la solicitud y pidió los preceptivos informes al fiscal del TPI para que concretara su 'invitación' a Garzón, al Ministerio de Asuntos Exteriores -se trata de una misión en un organismo internacional-, a la Inspección del Consejo General y al Servicio de Personal Judicial.

Todos contestaron con una rapidez realmente inusitada, e, incluso, algunos, como la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional lo hizo antes de que le llegara oficialmente la petición de informe con los detalles que le pedía el CGPJ. La misma prisa se dio la Inspección del Consejo, apremiada, según medios internos, por el vocal José Manuel Gómez Benítez, íntimo amigo y antiguo abogado de Garzón. E idéntica e inusitada prisa se dio el departamento que dirige Miguel Ángel Moratinos, con un informe en el que hizo especial hincapié en que consideraba "prioritaria" la asistencia de Garzón a la citada oficina del TPI.

Pero no todo han sido parabienes para el juez: el informe del Servicio de Personal Judicial -que tiene en cuenta todos los anteriores- concluye con un varapalo sin precedentes: la solicitud de Garzón  no cumple los requisitos exigidos por los artículos 353 y 351 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
 Ahora sólo queda la duda de si la Comisión Permanente, haciendo oídos sordos al Servicio de Personal Judicial, decide hacer buena la máxima: "A enemigo que huye, puente de plata".