Urrusolo ha hecho estas afirmaciones a preguntas de su abogado defensor acerca de si ha abandonado la banda terrorista y ha escrito cartas desde la cárcel abogando por el fin de la violencia. En este sentido, ha recordado que él abandonó ETA en 1994 y, desde entonces, se ha "posicionado" a favor de que abandone la lucha armada.
El etarra se sienta en el banquillo de los acusados por el envío de un paquete bomba en 1991 al Ministerio de Justicia que fue rechazado y, finalmente, acabó con la vida del oficial de la Policía
Luis Claraco López, el subinspector
Pedro Domínguez Pérez y el oficial de Policía
José Luis Jiménez Barrero, que intentaban desactivarlo.
EL DOBLE DE INDEMNIZACIÓN
Bautista además ha modificado la indemnización que el etarra deberá pagar a los familiares de las víctimas de 1.033.333,33 euros a 3.000.000. Además, deberá abonar los daños ocasionados, que ascienden a 53.997.840 euros.
Por su parte, la acusación particular ha exigido el doble de indemnización a las familias que el Ministerio Público porque, aunque aún no puede aplicarse el proyecto de ley de Víctimas del Terrorista, que se está tramitando en las Cortes, considera que la jurisprudencia es suficiente para ello.
La defensa de Urrusolo ha solicitado la libre absolución del procesado alegando que las anotaciones por las que se le implica en el caso fueron hechas en los años 80 y ya han prescrito. Subsidiariamente, si la libre absolución no fuese aceptada, cree que se le debería condenar a cuatro años de cárcel por complicidad, ya que abandonó ETA "voluntariamente" y ha "luchado de manera notoria y pública por el abandono de la lucha armada".
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