La pregunta es por tanto la siguiente: ¿cómo conseguir ese drástico recorte? El Gobierno de
Zapatero ya ha dejado claro en varias ocasiones que no ve posible un acuerdo en materia económica con el PP, ya que considera que les alejan muchas cosas en esta parcela. Incluso Zapatero llegó a hablar claramente de un problema de compatibilidad de ideologías: liberales económicos contra socialdemócratas.
El caso es que la prensa ha comenzado a difundir esta intencionalidad del Ejecutivo, que podría materializarse el viernes en el Consejo de Ministros. Pretende aprobará un paquete de medidas que supone un cambio en su política económica. Zapatero podría haber hablado de ello de forma no oficial en sus últimos actos relacionados con su labor presidencia de turno de la Unión Europea.
E plan de austeridad presupuestario se dirigiría a las administraciones públicas, y no se ha hablado de ninguna supresión ministerial. Hay que recordar que el Departamento de Igualdad, antes que ninguno, ha estado en el ojo del huracán desde hace tiempo.
El recorte del gasto que se persigue en torno a los 50.000 millones de euros de cara a los dos próximos años, y todo ello sin tocar el gasto social que tanto ha defendido Zapatero como parte fundamental de su acción de Gobierno. Partidas sociales, educación e investigación y desarrollo no se recortarían. La meta es llegar a 2013 cumpliendo con el Pacto de Estabilidad de la UE, por el cual el déficit público no sobrepase nunca el 3% del PIB. Algo que ahora, España, está incumpliendo de forma destacada en Europa.
Las reformas económicas
Nosotros ya adelantamos a primeros de mes de enero que el Gobierno, para acompañar a estar medidas económicas derivadas de la crisis, iba a acometer una serie de reformas. Entre ellas, la ansiada reforma laboral.
El Consejo de Ministros presentará el 5 de febrero una serie de medidas entre las que no aparece ningún cambio en materia de despido. Sin embargo, sí se habla de elevar la edad de jubilación que actualmente está radicada en 65 años. Se habla de 67 o 70 años. El sistema de pensiones, que es lo que se pretende salvaguardar, también podría verse afectado por una reforma directa.
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