Así lo aseguran los informes de Wikileaks citando el ex embajador de EEUU en Madrid
Eduardo Aguirre en un telegrama confidencial. Así, Aguirre dirigió un mensaje a la entonces secretaria de Estado de EEUU,
Condoleezza Rice, en el que aseguraba que el Gobierno español había "ayudado entre bastidores" a que la Fiscalía apelara las decisiones del juez.
Después de que el juez de la Audiencia Nacional
Santiago Pedraz dictó, en octubre de 2005, orden de detención internacional contra los tres militares estadounidenses, los entonces ministros de Justicia,
Juan Fernando López Aguilar, y de Exteriores,
Miguel Ángel Moratinos, se pusieron en contacto con el embajador para tranquilizarlo. Pedraz, dicen que cercano a
Garzón, sería uno de los jueces que fueron tratados como 'peligrosos' por parte de EEUU.
Cuenta también este informe que la ex vicepresidenta
De la Vega se reunió con el embajador y le dijo que el fiscal general del Estado,
Cándido Conde-Pumpido, le había informado de la "excelente cooperación de la que había disfrutado por parte de la embajada y las autoridades norteamericanas para ayudar a concluir el caso".
La Fiscalía rechaza los informes
La Fiscalía General del Estado ya ha reaccionado y lanzó un comunicado que defiende su plena autonomía y que no admite ningún tipo de injerencia externa. Por otro lado, el fiscal de la Audiencia Nacional,
Javier Zaragoza, mencionado en los informes,
como les contamos ayer, calificó de "absolutamente falso" que la Embajada de EEUU marque la agenda de la fiscalía", además de calificar de "sesgada" la información basada en los documentos de la Embajada de EEUU en Madrid desvelada por Wikileaks.
El Gobierno, en contra también
El ministro de Justicia,
Francisco Caamaño, así como la titular de Asuntos Exteriores,
Trinidad Jiménez, han cuestionado estos informes y su contenido. En
declaraciones exclusivas a Diariocrítico,
Ramón Jáuregui, ministro de Presidencia, admitió que "ver los documentos de Wikileaks en los medios no me gusta".
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