Quedan excluidos de las conversaciones, por razones evidentes, el PP catalán y Ciutadans, la formación de
Albert Rivera, pero el furor que los nacionalistas de ERC y CiU quieren poner en una 'declaración conjunta' nacionalista contra el Tribunal Constitucional ha chocado con la prevención del presidente de la Generalitat,
José Montilla, que no quiere alargar más su órdago a la Ejecutiva Federal del PSOE. Montilla quiere una respuesta contundente a la no-sentencia del Constitucional del Estatut, pero, de acuerdo con diversas fuentes, maneja los hilos con suma sutiliza para que la propuesta que emane de ese frente nacionalista no sea rechazada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, en el que se incluyen, naturalmente, los diputados del PSC.
Según fuentes de ERC y de ICV en Madrid, las precauciones de Montilla han impedido que este miércoles se llagara a un acuerdo definitivo al respecto; un acuerdo que incluiría un rechazo inequívoco a la actual composición del Constitucional y un exhorto apremiante al Gobierno de
Rodríguez Zapatero para que se proceda 'ya' a la renovación del Alto Tribunal.
Ahora bien, Montilla teme que si una petición tan descalificadora y tan tajante llegara a Madrid y fuera vetada por el Grupo Socialista algunos diputados y senadores del PSC o de la Entesa rompan la disciplina de grupo, lo que significaría el origen de una guerra interna de incalculables consecuencias. "Por eso se lo piensa mucho el president y por eso no hemos llegado todavía a un acuerdo", reconocen a
Diariocrítico fuentes nacionalistas.
Un olla a presión
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Efectivamente, el riesgo existe. El diputado por Tarragona y coordinador de los parlamentarios del PSC en las Cortes Generales,
Francesc Vallès, ha añadido un elemento más de tensión al descartar públicamente la posibilidad de desmarcarse del PSOE y hacer un frente común con el resto de diputados catalanes si la dirección federal rechaza renovar a los magistrados del Tribunal Constitucional con el mandato caducado, que es justamente lo que se exige desde Cataluña.
Vallès lo ha dicho en Cataluña Ràdio, aunque inmediatamente ha añadido que tal situación no se producirá porque lo diga CiU -es decir, por las presiones de
Artur Mas al respecto- sino porque lo diga -si es que lo dice- el president Montilla y en definitiva la Comisión Ejecutiva Nacional del PSC. La discrepancia, por tanto, están en que CiU quiere urgir al Gobierno a un cambio radical en la Ley Orgánica reguladora del Tribunal Constitucional, mientras que el PSC quiere capear el temporal pidiendo al Gobierno a que busque un acuerdo para relevar a los magistrados que tienen el mandato agotado y que se tienen que pronunciar sobre el Estatut.
Ahora bien, tanto Vallès como Montilla saben perfectamente que el Tribunal Constitucional sólo se puede renovar por 2/3 de los votos -mayoría absoluta reforzada- con lo cual se precisa inevitablemente del concurso del Partido Popular, el mismo partido, justamente, cuya versión catalana ha quedado fuera de las conversaciones del 'frente nacionalista' para presionar a Madrid a ese respecto.
El titubeo del Gobierno
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Así las cosas, tampoco el Gobierno del Estado lo tiene nada claro. Por un lado, el presidente Rodríguez Zapatero ha apelado en la sesión de control -y a preguntas del portavoz de ICV,
Joan Herrera- a la seriedad y a la serenidad, defendiendo ardientemente al 'actual' Tribunal Constitucional, del que ha dicho que "es garantía de nuestras libertades", que "el papel y la tarea del Tribunal Constitucional ha sido ejemplar para el desarrollo democrático", que "debemos reconocer el gran papel que ha tenido para el desarrollo autonómico" y que, en todo caso, "los responsables de que no se haya producido la renovación no es el Tribunal Constitucional; somos nosotros".
Un
mea culpa en fondo y forma que, sin embargo, no ha sido refrendado luego por su ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE,
José Blanco, quien, más en línea con Montilla y el frente nacionalista catalán, ha rectificado declaraciones anteriores y en menos de 48 horas ha cambiado de opinión: ahora considera "urgente" renovar el Tribunal Constitucional (TC) y, además, ha culpado a
Mariano Rajoy de que dicha renovación no se haya producido.
Blanco quería dejar claro así que hay 'uniformidad de criterios' entre el PSOE y el PSC sobre la renovación del alto tribunal: "Los dos sostenemos que es urgente. Si Rajoy no quiere, no se renueva el TC porque requiere una mayoría de dos tercios".
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Lo que Blanco oculta es que el Constitucional no fue renovado porque, como denuncia el PP, el Partido Socialista rompió el pacto al que habían llegado
in person Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, un pacto que
Diariocrítico conoció en su momento de primerísima mano. Ese pacto incluía que los nombres que cada partido diera para cubrir su 'cupo' en el Constitucional serían respetados por el otro partido. Eso sí, bajo el compromiso de que se aplicara la reforma introducida por el Gobierno en la LOTC y que los nombres fueran dados por las autonomías. Los socialistas esperaban entonces algún tipo de terna; es decir, que los populares dieran varios nombres para poder romper libremente el pacto Zapatero-Rajoy, pero los populares, preocupados ante esa posibilidad, utilizaron un artificio: todas las autonomías gobernadas por el PP dieron sólo dos nombres para cubrir los dos puestos que correspondían al PP:
Francisco José Hernando y
Enrique López.
Los resortes, entonces, chirriaron en la sede de Ferraz -
Blanco- y en el Grupo Parlamentario en el Congreso -
José Antonio Alonso- y rechazaron a ambos, lo que dio por roto el pacto entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición al mantenerse este último enrocado en Hernando y López.
La solución, por tanto, no se perfila como muy simple. El Gobierno -al menos su presidente- admite que no se puede ahora cambiar el Constitucional, cuando se está en mitad del partido. Pero, por otro lado, tampoco puede llegar a un nuevo pacto con Rajoy que no pase por ceder y nombrar a Hernando y López como magistrados del TC. La pelea continúa.
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