En plena
'vuelta al cole',
Aguirre ha puesto sobre la mesa una delicada cuestión: la indisciplina en las aulas y la consideración de la figura del profesor. Justo unos días después de que el propio Defensor del Pueblo,
Enrique Múgica, pusiese el acento sobre la necesidad de volver a viejas prácticas como el
dirigirse hacia el educador de 'usted' y borrar del vocabulario del alumnado el 'tuteo' para evitar bochornosos escándalos como los sucesos de Pozuelo, ahora surgen voces que van incluso más allá que pretenden convertir a los tutores en 'policías'.
Con la medida propuesta por Esperanza Aguirre y respaldada por el sindicato de profesores ANPE se ampliaría la protección jurídica en caso de sufrir una agresión o una amenaza. Sin embargo, hay quien duda de que un gobierno autonómico tenga la competencia en este ámbito puesto que modificaría las posibles consecuencias penales. Por eso, todos están pendientes ahora de que se debata en el Congreso aunque la presidenta madrileña ya ha anunciado que de cualquier modo "
se va a presentar la ley de autoridad del profesor que concederá a todos los profesores la condición de autoridad pública".
Una demanda histórica de los docentes
El reconocimiento de la figura del docente como autoridad pública corrobora una reivindicación permanente del sindicato de profesores ANPE: la autoridad del profesor es un componente básico de la relación educativa que proviene de la responsabilidad que el docente tiene sobre sus alumnos.
Agredir o amenazar a un docente en el ejercicio de su función es un síntoma grave de deterioro y una sociedad democrática, precisamente porque lo es, no puede tolerarlo.
La consideración de autoridad pública para los docentes sirve para enviar un mensaje a la sociedad: la tarea que los profesores llevan a cabo es imprescindible para la sociedad y relevante porque incide sobre el futuro. A partir de ahora, en la Comunidad de Madrid quien lleve a cabo una agresión a un docente mientras ejerce su función, cometerá un delito.
ANPE cree necesario dar todavía un paso más. El reconocimiento de la autoridad docente no se sustenta únicamente en las consideraciones legales. La autoridad proviene, en primer lugar, de la propia dignidad del trabajo docente y de la responsabilidad que cada profesor tiene sobre sus alumnos. Es la misma responsabilidad que fundamenta la autoridad de los padres.
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Pero la autoridad dimana además de la profesionalidad de los docentes. La sociedad debe reconocer la autoridad magistral del profesor y el respeto que se debe a sus decisiones académicas y a sus competencias técnico- profesionales.
El sindicato docente se muestra firmemente convencido de que todas las iniciativas que refuerzan la autoridad de los docentes redundan en beneficio de los propios alumnos y de las familias. Por eso valoran esta iniciativa del gobierno de la Comunidad de Madrid como un buen precedente que pueda servir como ejemplo a las demás comunidades autónomas y que el propio Ministerio de Educación incluya esta consideración en el Estatuto Docente. Algo que queda lejos todavía puesto que la reacción del ministro
Ángel Gabilondo ha sido mucho más cauta, insistiendo en no tomar medidas improvisadas: "
No seré tan frívolo como para descalificar una propuesta que supongo que está llena de buena intención, pero yo creo que ha de hacerse con mucho cuidado para ver cuáles son las competencias de la comunidad para algo así como dotar de autoridad penal a los profesores".
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