Según explicó uno de sus integrantes, el senador del PP Luis Peral, en la sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de abril de 1985 "se afirma expresamente que la vida del nasciturus es un bien jurídico constitucionalmente protegido por el artículo 15, lo que obliga al Estado a abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de gestación".
Para el también diputado del PP Ángel Pintado la nueva ley "vuelve la espalda a las mujeres embarazadas con problemas" al tiempo que recuerda que "el deber del Estado es garantizar y respetar la vida".
"Es difícil explicar que en pleno siglo XXI, donde la ciencia ha demostrado cómo desde la concepción ya existe un individuo concreto con su especificaciones que se desarrollan a lo largo de su existencia, pretendamos ponerle fin por medio de un supuesto derecho al aborto", concluyó.
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