Esa opción, dicen en los mentideros políticos de la Asamblea de Madrid, es la mejor solución que podría encontrar
Esperanza Aguirre al embrollo en el que se encuentra a raíz del caso de los espías, que vuelve a resurgir ahora de sus propias cenizas. Granados podría ser ‘recolocado’, por ejemplo, como consejero en Caja Madrid.
Sin embargo, el problema, argumentan nuestras fuentes, es que si la dirigente madrileña deja caer a
Francisco Granados sufriría muchas presiones internas para que hiciera lo propio con
Ignacio González, su brazo derecho y hombre de su absoluta confianza. Sobre González, que fue también objeto de seguimientos, pesan a su vez sospechas de irregularidades en el Canal de Isabel II, rumores que no hacen sino crecer después de que este mismo miércoles su mano derecha y gestor del Canal,
Ildefonso de Miguel, presentase su dimisión. El ex gerente del Canal había sido denunciado por, supuestamente, conseguir contratos de la Comunidad a través de una de sus antiguas compañías privadas, Secuencia Pixels, que obtuvo concesiones de 3,9 millones del Gobierno regional y ahora presenta su dimisión supuestamente para ocupar un nuevo cargo sin especificar. Sin embargo, con la que está cayendo en su entorno Aguirre no está dispuesta a tocar a González.
La presidenta de la CAM ya empleó esta fórmula de la remodelación el verano pasado para quitarse de en medio a uno de sus antiguos consejeros que en ese momento le resultaba ‘incómodo’,
Alfredo Prada. Sin previo aviso y con nocturnidad – el anuncio fue hecho ya de madrugada- , Aguirre hizo a finales de junio del año pasado un drástico cambio de su gabinete que vistió como un ‘ejemplo de austeridad’, reduciendo de 15 a 12 las consejerías y destituyendo de paso a
Manuel Lamela, entonces responsable de Sanidad, quien junto a Prada había sido incluido por
Rajoy en los órganos de dirección del PP.
Granados niega la mayor
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Entre tanto, el polémico Consejero de Interior, Francisco Granados, sigue negando la mayor y asegura que el jamás ordenó espiar a ningún compañero de gabinete ni de partido. Pero las investigaciones llevadas a cabo por la policía, según desvela el diario
El País en su edición de este miércoles, llegan a la conclusión de que estos tres agentes del Gobierno de Aguirre, hicieron un exhaustivo seguimiento a Prada que quedó reflejado en los partes del supuesto espionaje.
Precisamente, el PP vetó las declaraciones de estos tres ex guardia civiles que trabajaron para Granados,
José Oreja Sánchez,
José Luis Caro Vinagre y
Antonio Coronado Martínez, cuando tanto el PSM como IU pidieron que testificaran en la Comisión de Investigación que se abrió en la Asamblea de Madrid y la que se dio carpetazo en mesón de un mes sin que ni siguieran comparecieran los ‘espiados’, Cobo y Prada.
Ambos partidos denunciaron entonces que la Comisión se había cerrado “
en falso” y no han dejado de pedir que se reabra la investigación, asunto que incluso recurrieron ante el Tribunal Constitucional. Después de las nuevas revelaciones han vuelto a la carga, aunque con pocas esperanzas, por no decir nulas, de que el PP les haga caso.
Tampoco en Génova parecen dispuestos a retomar la investigación interna que abrieron sobre el espionaje, como se comprometió la secretaria general del partido María Dolores de Cospedal, si se demostraba que había nuevos datos. Al ser preguntada si creía conveniente la dimisión de Granados,
De Cospedal se refugió en que
“hay abierto un procedimiento judicial y hasta que no acabe no nos pronunciaremos”. Sin embargo, lo mismo se le preguntó y contestó cuando se le preguntó sobre Barcenas y pocas horas después se hacía pública su dimisión- cese como tesorero del PP.
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Información relacionada con la dimisión de Bárcenas:
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