Los jueces también tenemos derecho

Somos 2100 jueces los que nos hemos acogido a un derecho fundamental que por  primera  vez en la democracia se ejercita no en beneficio directo de quienes hemos ido a  la  huelga, sino para la mejora de las condiciones de acceso a la justicia de la ciudadanía.  No hay huelga igual, no reivindicamos nada corporativamente, sino que desolados ante el panorama crítico de falta de recursos personales y medios materiales alzamos la voz para que el público encuentre una respuesta moderna ante los problemas complejos del s XXI.

Este Ministerio y todos los anteriores se han abstenido de atajar una situación crónica:  que los procedimientos duren años, que lo ciudadanos tengan el nivel más bajo de la Unión Europea por juez/habitante, y que resuciten a Larra cada vez que van a un juzgado. Los jueces somos los más preocupados por esta deficiente atención del sistema procesal. Hemos sufrido años en silencio gracias a nuestra responsabilidad, a trabajar siete días en semana, a asumir una sobrecarga insólita de trabajo, confiando en que esta profesión, además de vocacional, servía para la mejora de la vida de la gente. No somos corporativistas, ni ambiciosos, ni reivindicadores de ninguna retribución para nosotros mismos. Únicamente esperamos que los poderes públicos, dominados por políticos y gestores de la economía nacional, se sienten de una vez, examinen el panorama judicial desolador y saquen lápiz, papel y euros para responder al reto.

En esta jornada de huelga histórica, que por una vez ha puesto en valor a tantos jueces y magistrados que calladamente hacen su labor por toda España, se ha echado de menos  que  el conjunto de la judicatura no haya secundado el paro. Las dos asociaciones mayoritarias una vez más han demostrado su auténtico rostro como correa de transmisión de los dos grandes partidos políticos. La movilización judicial en España auspiciada por el grueso de magistrados no asociados y por la Asociación Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, ha demostrado la verdadera independencia judicial. Esa que se sustenta en el agnosticismo político y en la exclusiva de la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos.  Esa  que no tiene que comulgar con ministros cazadores y con portavoces que intentan pescar en el río revuelto de la confusión judicial.

El 18 de febrero de 2009 quedará para la memoria de los que servimos a la administración de justicia como un día para la reflexión y reivindicación de un servicio público digno y moderno. Sin cortinas de humo ni expedientes por el suelo

Andrés Sánchez Magro. Magistrado