Así han reaccionado la APM y de FAPE ante la sentencia conocida este miércoles del titular del Juzgado de lo Penal número 16 de Madrid, Ricardo Rodríguez Fernández, que ha condenado al director de la Cadena SER, Daniel Anido, y al director de Informativos de la emisora, Rodolfo Irago, a 21 meses de prisión, tiempo durante el cual tampoco podrán ejercer su actividad periodística o el derecho de sufragio pasivo (presentarse como candidato en un proceso electoral).
El juez les considera autores de un delito de revelación de secretos por contar en la página de Internet de la emisora que determinadas personas estaban afiliadas al PP, dentro del marco de una información sobre irregularidades en este partido.
La SER informó en su día de la denuncia formulada ante los órganos internos del partido por la entonces presidenta local del PP de Villaviciosa de Odón, Pilar Martínez, afirmando que se habían producido al menos 78 afiliaciones irregulares para alterar el equilibrio de poder dentro de la formación.
Según cuentan la propia emisora y El País, la SER tuvo acceso a las cartas dirigidas por Martínez al secretario general del PP en Madrid, Ricardo Romero de Tejada, y a la lista de personas afiliadas supuestamente de una forma irregular. Durante el juicio, celebrado el pasado 19 de octubre, la propia Martínez ratificó la veracidad de la información, difundida el 17 de junio de 2003.
No obstante lo anterior, el juez Rodríguez Fernández sentencia que "no puede negarse que era un hecho noticiable", y que los periodistas "podían honestamente pensar que, publicando o cediendo para su publicación la lista de los presuntamente afiliados irregularmente, cuya denuncia ciertamente les constaba, informaban a la opinión pública de algo que la misma tenía derecho a conocer". Pero entra a distinguir entre lo que es o no noticia: la denuncia de irregularidades sí lo es, mientras que la afiliación al PP de determinadas personas no.
Las asociaciones de periodistas, contra la sentencia
Esta sentencia ha movilizado inmediatamente a la APM y a la FAPE, que la han calificado de "inaudita, desmesurada y asombrosa". En un comunicado conjunto, las asociaciones de periodistas afirman que "el respeto debido a las decisiones judiciales no impide opinar que la confusión que emana sobre lo que son o no son medios informativos o sobre el concepto de revelación de secreto, es inquietante. Recordamos que el artículo 20 de la Constitución española establece en su punto 1 que 'se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción'".
Añaden la APM y la FAPE que "las organizaciones profesionales de periodistas manifestamos que sentencias de este tipo conspiran contra la libertad y contra el derecho a saber de los ciudadanos y debilitan el estado de derecho y el prestigio de las instituciones".
"Confiamos que el anunciado inmediato recurso contra esa sentencia ponga las cosas en su sitio", dicen las asociaciones de periodistas, y añaden que "en ese sentido, apelamos a las autoridades judiciales para que -ajustado al procedimiento- se revise esta sentencia con la máxima celeridad para evitar los efectos disuasorios que sentencias de este tipo imponen al trabajo de los periodistas".
Finalmente, ambas organizaciones consideran que "debe ser sometida a análisis de los órganos judiciales superiores la actuación del autor de esta inusual pieza jurídica".
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