En la Disposición Adicional 7ª de la Ley aprobada este viernes concede a los hijos y nietos de españoles exiliados un plazo por dos años prorrogables para ejercer el derecho de opción a la
nacionalidad española. De momento, no se sabe el elevado número de posibles beneficiarios de tal medida, pero la vicepresidenta no ha entrado a dar cifras, aunque dice que sí está cuantificado. A lo único que ha hecho referencia
De la Vega es que el mayor grupo de posibles beneficiarios procede de Argentina.
Respecto a la documentación acreditativa de la condición de exiliado del abuelo o abuela, la Instrucción es muy amplia y se admitirá la acreditación de haber sido beneficiario de pensiones concedidas a exiliados; documentos expedidos por Oficinas de refugiados o por entidades e instituciones reconocidas y vinculadas con el exilio, e incluso la participación en actividades de defensa y protección de los exiliados españoles o por trabajar actualmente en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.
Con respecto a los
brigadistas internacionales que participaron en la defensa de la República, los decretos establecen como novedad que dicho colectivo podrá adquirir la nacionalidad sin que sea necesario renunciar a su anterior nacionalidad, como establecía la legislación española. Este requisito, demasiado riguroso, dio lugar a que buen número de solicitudes fueran archivadas en su momento.
Además, los decretos establecen el abono de las
indemnizaciones reconocidas a quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, conocida como Ley de Memoria Histórica. Así, se prevé el derecho a una indemnización, por una cuantía de 135.000 euros, a los beneficiarios de quienes fallecieron durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977, en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos y que, hasta la fecha, habían quedado fuera de todas las reparaciones previstas en la normativa vigente.
Símbolos franquistas y exhumaciones
La vicepresidenta
De la Vega se ha referido también a la retirada de los símbolos franquistas y ha especificado que será una comisión del ministerio de Cultura creada ex profeso la que estime qué objetos serán retirados y cuáles deberán ser salvados de la soga por contar con ciertas "
características históricas o de valor cultural". La comisión técnica estudiará cada uno de los casos y los distintos departamentos ministeriales tendrán que actuar en función de sus resoluciones según si los
símbolos se encuentran instalados en localizaciones de su competencia.
La investigación y el censo de la Guerra Civil que pretende llevar a cabo el juez de la Audiencia Nacional,
Baltasar Garzón, también se verá afectado por los Reales Decretos aprobados este viernes ya que establecen un protocolo de actuación científico para los casos de
exhumación. Así como las subvenciones que el Gobierno dará a través de los Presupuestos, tal y como se ha venido haciendo hasta ahora, a los proyectos concretos que se dediquen a la exhumación de restos.
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