“El movimiento es imparable”, afirman a Diariocrítico medios jurídicos. Intranet, la red de comunicación interna para los jueces, se encuentra en plena ebullición. Miles de mensajes critican la política del Gobierno en materia judicial y animan a una respuesta contundente contra el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, al convertido en ‘paganini’ de la inacción gubernativa en materia judicial.
El detonante ha sido el caso de Mari Luz Cortés, la niña asesinada por un pederasta que debía estar en la cárcel cuando ocurrieron los hechos. Pero, como decimos, las sanciones al juez Tirado y a la secretaria judicial Juana Gálvez, han sido sólo el detonante. Piensan los jueces que la falta de medios puede llevar a cualquier juzgado a una situación similar. Y dicen no querer ‘chivos expiatorios’. Y, por si fuera, las declaraciones constantes del propio presidente Rodríguez Zapatero, el ministro Fernández Bermejo y hasta de la vicepresidenta Fernández de la Vega con el ‘caso Tirado’ han enconado aún más los ánimos.
Movimiento asociativo ‘no alineado’
La respuesta a la política gubernamental se está preparando, como señalamos, vía intranet y, contrariamente a lo que podría pensarse, se está perpetrando entre los ‘no alineados’; es decir, entre la mayoría de los jueces, los cuales no se encuentran inscritos en ningún movimiento asociativo.
Cifras ‘cantan’: de los aproximadamente 4.500 jueces en activo en España, ni la mitad pertenece a alguna asociación. La Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria, cuenta con unos mil asociados; unos 250 pertenecen a Jueces para la Democracia; otros 300 a la Asociación Francisco de Vitoria, y otros 60 al Foro Judicial Independiente.
El resto de los jueces no están asociados, y es de ahí de donde ha surgido lo que ya se conoce internamente como el “Movimiento 21 de noviembre”: un día después de la huelga de secretarios judiciales y fecha para la que se prevé una convocatoria formal de huelga de jueces.
Los ‘conjurados’ buscan un líder que los aglutine, y en ese sentido van muchos de los mensajes publicados en sus foros de intranet. Entienden que la huelga es factible, ya que –argumentan- hay suficiente jurisprudencia –citan incluso al Tribunal Constitucional- para admitir huelgas no sindicales. Es decir, dicen que pueden ponerse en huelga como medio de presión siempre y cuando no provenga de una convocatoria sindical.
El Ministerio de Justicia, claro, argumenta lo contrario y desde ahí se señala que los jueces, como los guardias civiles, por poner, un ejemplo, tienen limitado ese derecho.
De momento, son los siete jueces decanos ‘liberados’ –en las siete grandes capitales, que representan al 60 % de la carrera judicial- los encargados de convocar conjuntamente para debatir la posibilidad de una huelga. Todos miran al de Madrid, José Luis Armengod, quien, sin embargo, es poco proclive a convocar una huelga.