Según ese informe, es posible –y necesario, dicen los populares- proceder ya a la disolución de los ayuntamientos abertzales, ya que el citado artículo 61 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, modificada por Ley Orgánica 1/2003, de 10 de marzo, establece los motivos y el procedimiento a seguir para la disolución de ayuntamientos cuyos órganos atenten gravemente contra el interés general.
El primer supuesto es que el Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante Real Decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
En sentido, el PP le recuerda
Rubalcaba que se considerarán, en todo caso, decisiones gravemente dañosas para los intereses generales en los términos previstos en el apartado anterior, “
los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares”.
Y, por último, dice el PP, basándose en la determinada ley, que acordada la disolución, “
será de aplicación la legislación electoral general, cuando proceda, en relación a la convocatoria de elecciones parciales y, en todo caso, la normativa reguladora de la provisional administración ordinaria de la corporación”.
El PP recuerda en su informe que la inclusión del segundo párrafo del artículo 61 de la LBRL tuvo lugar mediante la modificación operada en el año 2003, en el marco de las reformas legales acordadas en el seno del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo.
ANV, colaborador de ETA
El informe establece que el comportamiento de los abertzales abre la puerta y justifica la disolución de los órganos de los ayuntamientos controlados por ANV, formación ilegalizada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 22 de septiembre de 2008: “
El Tribunal Supremo, en dicha sentencia, establece con rotundidad que ‘ANV es un partido político que ha acabado colaborando reiterada y gravemente con Batasuna, complementando y apoyando políticamente, en consecuencia, a la organización terrorista ETA, e incurso en la causa de ilegalización prevista en el artículo 9.2 c), en relación con el 9.3 f) LOPP’”.
Recuerdan, igualmente, desde el PP que hasta el El Abogado del Estado insistió en su demanda de ilegalización de ANV y PCTV en la estrategia de
“desdoblamiento” llevada a efecto por la organización terrorista ETA, con el fin de imponer sus postulados a través de una doble vía: “
mediante la actividad terrorista y a través de una actividad paralela de clara vocación política con su presencia en las instituciones representativas del Estado, de las Comunidades Autónomas del País Vasco y de Navarra y de diferentes Ayuntamientos de éstas últimas, utilizando este frente político-institucional para prestar cobertura legal y apoyo político a los objetivos de la banda, que fue desempeñado por las tres formaciones ilegalizadas hasta el momento de su desaparición legal”.
Instrumento legislativo pertinente
Así las cosas, y tras enumerar una serie de acciones de presentantes de ANV que probarían su vinculación con ETA, concluye el informe que
“resulta más que evidente que el Legislador de 2003 planteó la Ley Orgánica para la garantía de la democracia en los Ayuntamientos y la seguridad de los Concejales pensando, entre otros, en supuestos como el de los ayuntamientos del País Vasco y Navarra gobernados por ANV”.
Dice el informe que “
la acción concertada demostrada por los dirigentes y miembros de ANV, así como por parte de los representantes institucionales de la organización ilegalizada se ha configurado en los últimos tiempos como una clara muestra de ‘apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo’, que es unos de los supuestos establecidos en el apartado segundo del artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local”.
Por esas razones, argumenta el PP que “
tenemos el instrumento legislativo y el precedente. Ahora tan sólo es necesaria la voluntad política de quien tiene que poner en marcha el procedimiento que establece la Ley”.
PUEDEN VER DE FORMA ÍNTEGRA EL INFORME PINCHANDO
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