Sector Inmobiliario: Del cielo al infierno

Tic-tac, tic-tac. El tiempo corre inexorable para los señores del ladrillo, protagonistas del embrollo inmobiliario creado en los años de espuma y que ahora amenaza con derrumbar sus imperios de naipes. Tic-tac, tic-tac. Para unos, el tiempo se agota y para otros ya se ha agotado.

 Entre los segundos, Global Cartera de Inversiones, el brazo inversor creado ad hoc para invertir en el sector caliente del ladrillo y que, un año después, escalda a sus principales accionistas, Aurelio Álvarez y Domingo Díaz de Mera, y a sus ilustres socios: Luis Delso, la familia Sanahuja, Caja de Castilla-La Mancha y Caja Duero.

 Entre los primeros, los que agotan las horas, Luis Noraleda, que tiene de plazo hasta el 29 de diciembre para evitar que Nozar se convierta en la siguiente ficha del dominó inmobiliario en caer. El nudo de esta madeja se lió hace ahora un año, el 14 de diciembre de 2007, cuando Reyal Urbis vendió a Nozar y a Global Cartera de Valores su participación del 5,3% en Colonial dos semanas antes del desplome de la inmobiliaria entonces controlada por Luis Manuel Portillo. Los Nozaleda asumieron el 4% por 235 millones y la sociedad inversora de Díaz de Mera y compañía, el 1,37% restante por 75 millones. En la compraventa acordaron una pequeña cantidad inicial y que el grueso de la operación (205 millones Nozar y 68 Global) se pagaría en un año; es decir, ahora.

 Pero entonces nadie contó con el drástico cambio de ciclo del sector ni con la pertinaz sequía del mercado crediticio. El reloj se ha parado, pues, para Global Cartera de Valores, que se ha visto obligada a solicitar concurso voluntario de acreedores ante su incapacidad de responder a su compromiso financiero y la negativa de Rafael Santamaría de aplazar el pago. De momento, Luis Nozaleda ha esquivado el fantasma de la suspensión de pagos gracias a que, en su caso sí, Santamaría le ha concedido una tregua hasta el día 29 para que le pague los 200 millones que le debe por el paquete de Colonial que le compró hace un año a 3,42 euros por cada acción que ahora vale 15 céntimos. Ese es el plazo, dos semanas, que tiene Nozaleda para refinanciar 4.000 millones de deuda y convencer a Santamaría para que acepte activos (suelo) como forma de pago.



El problema es que también a Santamaría se le agota el tiempo para afrontar el pago de 140 millones a José Ramón Carabante por la recompra del 4,9% de Reyal Urbis. En este embrollo de participaciones cruzadas y cambio de cromos, hace también un año Rafael Santamaría, a través de su sociedad patrimonial Inveryal, concedió a Carabante –que opera a través de su brazo inversor, la Corporación Financiera Issos que preside el ex ministro Miguel Boyer– una opción de venta de esa participación a 10 € por acción (ahora Urbis cotiza a 6 €) que, pies para qué os quiero, está decidido a ejecutar. Si Santamaría no cobra, difícilmente podrá hacer frente a esos 140 millones. Carabante es, pues, quien tiene en su mano ponerle contra las cuerdas o darle oxígeno.

Pero, lejos de desmadejarse, la madeja del sector inmobiliario amenaza con ahorcar a los inmobiliarios promiscuos, atrapados en el nudo gordiano de los intercambios accionariales. De los años del boom, a los Nozaleda les queda todavía el lastre de su participación en Astroc. Llegaron a tener el 24,9%, hoy reconvertido en un 9,33% del rebautizado Afirma Grupo Inmobiliario. “Mucha gente pensaba que Bañuelos y Portillo eran unos cracks”, confesaba Luis Nozaleda hace sólo seis meses. Unos cracks que han puesto a su inmobiliaria familiar contra las cuerdas.

Algo menos dramática fue la experiencia de Félix Abánades, presidente del Grupo Rayet, en su aventura Astroc, de la que, a la fuerza ahorcan, hoy es el principal accionista aunque por el camino haya tenido que vender su participación en Antena 3 TV para pagar el peaje de haberse dejado embaucar por el crack Bañuelos. El tiempo se acabó también para el presidente de Habitat, Bruno Figueras, otro consumado captador de inversores ricos para cimentar su castillo de naipes. La suspensión de pagos de Habitat ha escaldado los bolsillos de algunas de las grandes fortunas del país –las familias Andic (Mango), Rodés (Mediaplanning) y Castro (Hesperia), el abogado Emilio Cuatrecasas y Dolores Ortega (sobrina de Amancio Ortega)– y amenaza con escaldar también los de la familia Del Pino si finalmente el juez que ha admitido a trámite el concurso de acreedores de la inmobiliaria interpreta que la ley concursal permite deshacer la operación de compra de Ferrovial Inmobiliaria y obliga a Rafael del Pino a reintegrar su otrora filial en el peor momento posible.

De los polvos del sector convertido en una tupida madeja de intereses cruzados vienen ahora los lodos en forma de marejada. La promiscuidad inmobiliaria está haciendo un serio agujero en el bolsillo de José Romero, dueño de Prasa, que acumula unas minusvalías latentes de 300 millones de euros en sus participaciones en Gecina (llegó a controlar un 3% de Metrovacesa, que en la escisión canjeó por acciones de la inmobiliaria francesa) y del 5% en Realia, cuyo valor en Bolsa ha pasado en catorce meses de 90 millones de euros a 21.

Pero la marejadfa del sector no acaba en el ladrillo. Todavía colea el 15% que Colonial mantiene en FCC, que Luis Portillo compró a Acciona por 1.500 millones de euros hace dos años, que ahora vale 500 y que puede acabar en manos de Goldman Sachs, RBS, Commerzbank y Credit Agricole si en los próximos días ejecutan sus respectivas opciones de compra para recuperar, aunque sea en acciones, parte del dinero que prestaron a Colonial para la compra de este paquete accionarial. Y por colear, colea también la venta de Riofisa y del 33% que mantiene en la francesa SFL, de las que necesita desprenderse para esquivar la suspensión de pagos.



Las constructoras, sin embargo, no hicieron en camino inverso. Su apuesta fue por el sector energético y aquí no poca es también la madeja que se ha creado y que envuelve al kilowatio y al barril de brent. El nudo gordiano aprieta especialmente sobre la glotis de Luis del Rivero. Sacyr Vallehermoso está obligada a desprenderse cuanto antes de su 20% de Repsol para evitar el colapso financiero. Y la urgencia de vender al mejor postor a cambio del mejor precio ha provocado un terremoto político –con visos de convertirse en un nuevo caso Endesa– ante la posibilidad de que el comprador sea la petrolera rusa Lukoil. Un caso Endesa que, como los reality shows televisivos, se ofrece por entrega. La nueva se basa en un hecho real: el breve romance de los compradores que vivieron los compradores, Enel y Acciona, ha acabado en desamor y, ante la urgencia de los Entrecanales de reducir una deuda que amenaza con accionar las alarmas del grupo familiar y que ya ha accionado los enfrentamientos del clan (Juancho contra José Manuel, primo contra primo), acabara dejando la eléctrica española en manos del gobierno italiano. A cambio, eso sí, de 8.000 millones de euros que servirá a los Entrecanales para tomar aire y evitar la asfixia financiera.

Aire tomó –fue el primero, como casi siempre– Florentino Pérez colocando a Gas Natural el 45% de ACS en Unión Fenosa para resarcir a los catalanes de los consumados fracasos en sus otros tantos intentos de asalto energético. La contrapartida ha sido unas generosas plusvalías con las que tarde o temprano, y eso lo sabe bien Sánchez Galán, acabará haciéndose con el control de Iberdrola.

Tic-tac. El tiempo se agota. Y quien no sea capaz de deshacer la madeja corre el riesgo de quedar atrapado en ella. Como las moscas en la tela de araña.