La Ley de la Memoria Histórica se aprobará en el último Pleno de octubre

En concreto, el proyecto se discutirá en la Comisión Constitucional que preside Alfonso Guerra el próximo miércoles, nada más terminar el debate de la reforma del Estatuto de Castilla y León. Después, el texto se elevará al Pleno del Congreso en su última sesión del mes, prevista para los días 30 y 31. La fecha concreta se decidirá en una próxima reunión de la Junta de Portavoces.

Del Pleno del Congreso se remitirá al Senado y sólo volverá a la Cámara Baja si allí se introduce alguna modificación. En la reunión de esta tarde, primera y única que celebrará la ponencia, los socialistas entregaron el texto de la ley con los cambios pactados con IU-ICV, en su mayoría, avalados por los nacionalistas de PNV, CiU y BNG, así como otros partidos del Grupo Mixto.

El PSOE e IU-ICV propusieron a los demás grupos trabajar sobre este nuevo documento, lo cual se sometió a votación. El PP expresó su rechazo y protestó por el cambio de tramitación, mientras que ERC, el otro grupo que ha quedado al margen de las negociaciones, optó por abstenerse.

Arículo 15.3, el más polémico

Las negociaciones han permitido incluir un artículo en el que se abre la vía de que las administraciones públicas puedan retirar subvenciones a las entidades privadas que no retiren símbolos que glosen el bando nacional, la guerra civil y la dictadura franquista.

La redacción pactada por PSOE, IU-ICV y PNV para ese artículo 15 señala que "las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura".

Para quien no cumpla con esa retirada de símbolos, la nueva redacción prevé que las administraciones puedan retirar las subvenciones o ayudas públicas, incluso las que reciben propietarios privados. Además, y a los efectos de adoptar esas medidas oportunas para retirar símbolos, se señala que "el Gobierno colaborará con las comunidades autónomas y las entidades locales en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura".

Postura de los grupos: PNV

Los nacionalistas vascos se quejan de la falta de compromisos para la devolución a Euskadi de documentos del Archivo de Salamanca. Estos artículos, precisa el PNV en un comunicado, no contarán con su respaldo "hasta que no sean restituidos a sus legítimos propietarios, los documentos públicos y privados incautados por las autoridades franquistas en el País Vasco, o fuera de él, pero pertenecientes a personas, asociaciones o entidades vascas".

A su juicio, el texto resultante "no responde al ideal" del PNV pero, "ante el dilema de apoyarlo, siquiera parcialmente, o renunciar definitivamente a una norma que aborde de manera equilibrada e integral el problema de las víctimas de la guerra civil y de la Dictadura", el PNV ha optado por ese apoyo parcial. "Creemos muy poco probable que, si esta iniciativa fracasa, pueda volver a plantearse en una legislatura futura", admiten.

Desde CiU, su portavoz adjunto, Josep Sánchez Llibre, se congratuló de las "relevantes" aportaciones que su grupo ha realizado al texto sobre que el se trabajará a partir de ahora. En concreto, citó el reconocimiento a quienes fueron perseguidos por razones religiosas, a los que definió como una "tercera España", compuesta por personas "de orden, sentido común y católicas", que nunca ha sido reconocida "ni por el franquismo ni por la izquierda".

No obstante, el diputado de CiU dejó claro que su formación mantiene "bastantes discrepancias importantes" con el resto del articulado y que durante el debate en la Comisión Constitucional defenderán las 24 enmiendas que aún mantienen vivas.

Críticas del PSOE

El coordinador del PSC en las Cortes Generales y uno de los ponentes socialistas de la Ley de Memoria Histórica, Daniel Fernández aseguró que el primer debate en el Congreso del articulado del proyecto ha permitido confirmar que "la única política" que practica el PP es la del "no a todo", como así lo demuestra el hecho de que se hayan dedicado a criticar "con dureza" un texto que "ni siquiera ha querido leer", a pesar de contar con un amplio apoyo de la Cámara.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Fernández sostuvo que "no es de recibo" que los 'populares' hayan denostado "durante meses" una iniciativa diciendo "que divide, que es mala y que reabre heridas" cuando esta tarde "han reconocido que no se la habían leído". Este hecho, a su juicio, evidencia que "la única política" que ha practicado el PP durante esta legislatura ha sido la del "no a todo".

IU se muestra satisfecha

Por su parte, el portavoz de IU-ICV en el Congreso, Joan Herrera, mostró su satisfacción por el acuerdo que ha alcanzado por el PSOE sobre, pero ya advirtió de que seguirá reclamando medidas en esta materia durante la próxima legislatura. En concreto, avanzó que pedirán la creación de una Fiscalía especial para víctimas del franquismo, así como que se garantice el derecho de los ciudadanos a solicitar la anulación de condenas y que su ejercicio sea "gratuito".

Así lo anunció Herrera en la rueda de prensa que ofreció en el Congreso de los Diputados junto al coordinador general de IU, Gaspar Llamazares. Herrera comentó que "el Gobierno de Rodríguez Zapatero de hoy ha llegado a su límite" y que aunque IU-ICV no ha conseguido todo lo que perseguía, ha logrado "dar un vuelco a ley". "No hemos conseguido todo, pero sí muchísimo. Hemos dado un paso adelante histórico. Tenemos", se congratuló.

Llamazares se mostró convencido de que la ley es "un nuevo elemento contundente" que abrirá la vía a la revisión de las sentencias del franquismo que hasta ahora ha venido denegando la Sala Militar del Tribunal Supremo, aunque admitió que no se podrá "evitar que algún juez haga interpretaciones 'sui géneris' de la norma". Asimismo, anunció que IU-ICV tomará iniciativas para impulsar una "acción positiva de la Fiscalía" en esta materia.